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Tonatiuh Muñoz Aguilar
La detención de Ángel N., la madrugada del pasado jueves en el municipio de San Martín Texmelucan por parte de elementos de la PGR, parece confirmar lo que las autoridades poblanas habían estado negando sistemáticamente desde por lo menos hace cinco años: que las bandas del crimen organizado operan abiertamente en nuestra entidad.
La última de esas negaciones ocurrió apenas en enero de este año, cuando en el marco de la glosa del primer informe del gobernador Antonio Gali, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, se negó a contestar la pregunta expresa que le hizo un legislador respecto a la operación de presuntos cárteles criminales en el territorio del estado.
Desde finales del sexenio de Rafael Moreno Valle se hablaba que grupos como «Los Zetas» o alguna de sus escisiones operaban en zonas de la Sierra Norte y concretamente en la región conocida como «El Triángulo Rojo», donde el robo de combustible volvió tristemente célebre a Puebla.
Posteriormente, supuestas narcomantas colgadas en puentes peatones de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Puebla y su periferia, apuntaban a la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios poblanos.
Según la información señalada por el Grupo de Coordinación Puebla Segura, que integran la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, al líder de «Los Villegas» detenido el pasado jueves en Texmelucan se le encontró un papel firmado por ese cártel.
Esto confirmaría que en efecto, tal organización delictiva opera desde hace mucho en la entidad, por más que las autoridades se han negado sistemáticamente a rechazar estos hechos y querer tapar el sol con un dedo. Máxime que al presunto huachicolero se le encontraron excentricidades como inhibidores de señal de teléfono y hasta nada menos que un tigre, todas ellas de cualquier capo del narco al mero estilo de las series de ficción.
El que tenga ojos y oídos que juzgue.
