La inacción del gobierno de la Ciudad de México, así como del Gobierno Federal para actuar contra “delincuentes” que se autodenominan “anarquistas”, de maestros de la CNTE, estudiantes de escuelas normalistas que secuestran y roban, comunidades que agreden, golpean, amenazan a policías, militares y la guardia nacional, pueden cobrarle una factura muy cara a las autoridades y responsables de aplicar la ley.
Si algo requiere el país es no dejar pasar acciones delincuenciales, totalmente fuera de la ley, además de ceder a los caprichos y demandas de quienes violan la ley para obtener un beneficio.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ofreció hacer cumplir la ley y aplicarla. Ha dejado mucho que desear e incluso pone en riesgo la estabilidad social y económica ante los excesos de grupos que han abusado de la libertad de expresión, para caer en el libertinaje y la delincuencia organizada.
Con la excusa de NO SER UN GOBIERNO REPRESOR han dejado pasar actos que ponen en riesgo a la población y la credibilidad de las autoridades quienes se han vuelto presas de estos grupos.
“Los anarquistas” que según el Presidente de México son grupos de “Conservadores” han salido a las calles, una y otra vez a agredir, a causar destrozos, perdidas económicas y miedo y la respuesta de AMLO fue que no van a actuar contra “los provocadores”, porque estaríamos haciéndole “el caldo gordo”.
A la delincuencia organizada, secuestradores, asesinos, cárteles, violadores ladrones, les ha dicho que “los va a acusar con su mamá”, lo que ha acarreado memes y burlas contra nuestra principal autoridad del país.
Entre quienes no votaron por Andrés Manuel López Obrador y hoy muchos que incluso creyeron en el cambio, en la Cuarta Transformación -4T-, cuestionan el estado de derecho en México, hay temor de que el país caiga en la anarquía, la ingobernabilidad y que nuestro país se convierta en “UN GOBIERNO FALLIDO”.
Los empresarios están preocupados porque no hay inversión del sector público para tratar de recuperar la estatización en la que ha caída la economía mexicana y sigue el temor del secuestro y robo de sus mercancías, el incremento de los secuestros a personas, así como el hurto de los camiones y transportes.
Los malos ejemplos de los estudiantes normalistas de Tenería que secuestraron 94 camiones de pasajeros y a sus respetivos choferes durante una semana, luego fueron a la Secretaría de Gobernación y sacaron el documento donde el gobierno federal se compromete a darles 84 plazas de maestros a egresados de esta institución.
No hay castigo, pese a las denuncias, y el gobierno de AMLO los premia dándoles plazas, este mal ejemplo crecerá en el país, porque abrieron la puerta a que los actos violentos, los actos fuera de ley te permitan negociar con el gobierno, sin que haya consecuencias.
El riesgo está ahí
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE- también se salieron con la suya al realizan plantones y bloqueos en el Congreso de la Unión –Senado y Cámara de Diputados federales- a quienes “doblaron” para que les aprobaran una Ley de Educación a modo.
La mejor de las pruebas es que “el pueblo sabio y bueno” de AMLO ha tomado la ley en sus manos contra rateros, violadores y secuestrados y los lincha.
La pregunta a todo esto es:
¿Qué sigue?
¿Hacia dónde vamos?
¿Hasta dónde dejará pasar la violencia y el incumplimiento de la ley el gobierno federal?
¿EN PUEBLA HABRA OTRO CAMINO?
Por su parte el gobernador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta ha reiterado en múltiples reuniones con empresarios establecidos de todos los sectores que “En Puebla habrá un estado de derecho y se hará respetar la ley”
Lo anterior para dar certeza y seguridad a los empresarios para invertir en la entidad, pero sabe perfectamente que la seguridad pública en Puebla será fundamental para dar esas muestras de trabajo y que permita el crecimiento del estado.
En la pasada entrega señalamos el descontento que existe entre la población menos favorecida y de sectores económicos débiles ante el incremento del 41 por ciento del costo del pasaje.
Pero el mandatario poblano tiene en sus manos que los ahora inconformes cambien su forma de pensar y que en el lapso de los 120 días (4 meses) vean realmente mejorías en la seguridad en el transporte y que, si los concesionarios NO CUMPLEN, realmente se les retiren las concesiones, mismas que, de acuerdo a la ley, es el gobierno del estado quien determina si las prorroga o quita ante incumplimiento de acuerdos y la ley.
¡En 2020 sabremos que pasará en México y en Puebla!
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