El titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y su gabinete buscan blindarse contra investigaciones penales del gobierno de Chihuahua en su contra.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo.
Los actos reclamados se imputan al gobernador panista Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y el Poder Judicial local son por “la solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados.
El 28 de septiembre, el gobernador Corral amenazó al gobierno federal por el caso del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al que la Fiscalía estatal acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el ex gobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune. Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”.
La demanda del Ejecutivo está firmada por el Consejero Jurídico Misha Granados y reclama a Corral “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
A la Fiscalía General, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.
