El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.
Lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la «prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua» en esas cuencas, con lo que se abre la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Ello favorece los trasvases de agua a gran escala, como los que ocurre o están diseñados en varios megaproyectos hidráulicos y son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes.
En este caso, se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de «desarrollo», se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
