- El documento establece una ruta para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la cultura de la legalidad en el Gobierno de la Ciudad
- Esta herramienta fue actualizada mediante un ejercicio conjunto entre la Contraloría Municipal y el IMPLAN, con la participación de diversos sectores de la ciudadanía
Puebla, Pue., 24 de agosto de 2026.- Con el propósito de fortalecer la gobernanza y la integridad en el Gobierno de la Ciudad, el presidente municipal, Pepe Chedraui, presentó la Política Municipal Anticorrupción, instrumento de planeación que permitirá orientar y fortalecer las acciones institucionales para prevenir y combatir la corrupción.
La actualización de esta política fue realizada de manera conjunta por la Contraloría Municipal, a cargo de Dulce Lilia Rivera Aranda y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), que dirige Jesús Sánchez Reliac, a través de un proceso participativo que permitió incorporar las necesidades, perspectivas y propuestas de distintos sectores de la sociedad.
En su mensaje el alcalde Pepe Chedraui destacó que esta herramienta es la suma los esfuerzos y perspectiva de todos los sectores sociales, la cual permite fortalecer la confianza ciudadana, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad en favor de la transparencia y la cercanía.
«Hoy presentamos la versión más actualizada de la Política Municipal Anticorrupción desde una perspectiva de corresponsabilidad y de prevención. Esta herramienta fundamental suma los esfuerzos y perspectiva de todos los sectores sociales para detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Hoy contamos con una ruta clara para fortalecer la gestión pública y estrechar la relación entre la sociedad y el Gobierno», comentó.
En su intervención, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal destacó que la actualización de esta política representa un paso firme para consolidar una administración pública municipal más íntegra, transparente y cercana a la ciudadanía. Además, que, desde la Contraloría Municipal, se continuará trabajando para fortalecer los mecanismos de prevención, control y rendición de cuentas, así como para promover una cultura de legalidad e integridad que contribuya a recuperar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“Combatir la corrupción no es una tarea exclusiva de las instituciones, sino una responsabilidad que compartimos todas y todos”, enfatizó.
El coordinador general del IMPLAN, Jesús Sánchez Reliac, destacó que la planeación es un componente fundamental para garantizar que esta política trascienda más allá de su presentación y se convierta en una herramienta efectiva para la transformación institucional ya que una buena política pública no solo necesita una buena idea, sino también una ruta clara, objetivos medibles y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su impacto. “Escuchar es indispensable, pero escuchar también implica hacerse responsable de lo que uno escucha”, señaló.
Asimismo, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que este ejercicio permite la apertura y participación para reforzar la relación entre sociedad, gobierno y sector empresarial.
Como parte de este ejercicio se llevaron a cabo eventos y acciones para elaborar un diagnóstico sobre la situación de la corrupción en el ámbito municipal, integrando las voces de representantes del sector empresarial, educativo, mujeres, niñas, niños y otros sectores de la ciudadanía. Este proceso permitió que las aportaciones de los diferentes grupos fueran escuchadas y consideradas, con el objetivo de construir un instrumento de planeación sólido, fortalecido y representativo de las necesidades de la población.
La Política Municipal Anticorrupción representa una prioridad para el Gobierno de la Ciudad, al establecer una ruta que permita coordinar los esfuerzos institucionales para prevenir y combatir actos de corrupción, al tiempo que se promueven principios de legalidad, integridad, transparencia y responsabilidad en el servicio público.
El Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de seguir impulsando una cultura de legalidad, así como mecanismos que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, bajo la premisa de que la participación ciudadana constituye un elemento fundamental para construir políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de la sociedad.
