- Esta iniciativa pretende proteger los derechos humanos y la integridad de las víctimas de desaparición en México y de sus familiares.
En agosto de 2023, la IBERO Puebla en conjunto con actores políticos y sociales del estado de Puebla impulsaron una ruta integral de trabajo para materializar una ley en materia de declaración especial de ausencia por desaparición de personas en Puebla.
Las instancias participantes de la Universidad, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE), la Clínica Jurídica Minerva Calderón, y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, se unieron con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y la diputada Mónica Silva Ruíz para hacer de esta iniciativa una realidad para las familias que viven la ausencia de un ser querido.
Alexia Martínez Montalban, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE, contextualiza esta ley en un país que tiene a más de 112,000 personas desaparecidas, que siguen siendo buscadas por sus familias. La desaparición “rompe y trastoca a las familias de las personas desaparecidas”, y las coloca en un dilema en el que “muchas veces su vida está en riesgo”, y tienen que cambiar sus dinámicas familiares.
El escenario se complejiza a nivel estatal. Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la Clínica Jurídica Minerva Calderón, relató cómo una omisión de casi cinco años del Congreso del estado de Puebla, que se ha rehusado a legislar en favor de esta ley, pesa sobre las familias y sus vidas.
El caso de María Eugenia Margarita Rojas García es un claro ejemplo de lo vital que es implementar esta ley a la brevedad: Fabiola Narváez Rojas, su hija, desapareció el 13 de enero de 2021. Esto provocó que ella tuviera que ocuparse de las tareas de cuidado de su nieta —hija de Fabiola—, quien actualmente tiene 9 años.
María Eugenia, al ser derechohabiente del IMSS, buscó afiliar a su nieta para darle seguridad social y garantizar su derecho a la salud. Sin embargo, la institución les negó este derecho con el argumento de que solamente los padres podían afiliar a las y los hijos.
“Me topé con pared desde el principio. Llegué y solo me dijeron ‘ahí están los requisitos’ […] y yo no la podía afiliar porque no es mi hija, es mi nieta”. María Eugenia recurrió a la Clínica Jurídica tan solo para saber si era posible afiliar a su nieta, y gracias a su tenacidad, pudo impulsar y visibilizar la importancia de esta iniciativa. “Esta ley nos va a ahorrar muchísimas cosas”, dijo.
“Se tuvo que realizar una serie de estrategias jurídicas solamente para garantizar el acceso a seguridad social y a la salud”, explicó Daniela Jiménez, pues se tuvo que interponer una demanda de amparo para asegurar la afiliación al IMSS de la menor de edad a través de su abuela, y se ordenó al Congreso del estado de Puebla legislar en materia de declaración especial de ausencia.
Esta ley también fue reconocida por la ONU a través del Comité contra la Desaparición Forzada, pues, en un diálogo con el Estado mexicano, se destacaron los aspectos positivos de la figura de la declaración especial de ausencia por desaparición en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En representación de este órgano internacional, Andrés Díaz Fernández, oficial de Derechos Humanos en México, remarcó que, así como “es un tema primordial que las víctimas tengan acceso a procesos de investigación y búsqueda, también se tiene que garantizar su integridad y su salud porque la vida sigue”.
Por ello, el oficial de la ONU hizo un llamado a la acción, y a hacer conciencia de que “la problemática de la desaparición es de toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que hacer desde todos los frentes un esfuerzo para poder trabajar en ese sentido”.
