La detención de los alcaldes Ramiro y Giovanni González Vieyra de Ciudad Serdán y Tlachichuca y la búsqueda de los presidentes municipales Ramiro González Vieyra de San Nicolás Buenos Aires y Gerardo Cortés de Cuautempan, obligan a acciones inmediatas para erradicar la narco-política en el 2027.
Será tarea del Congreso del Estado, del Instituto Electoral del Estado y de la Fiscalía General del Estado hacer modificaciones al marco electoral y legal para darle herramientas al árbitro electoral para tener filtros que permitan detectar a los candidatos-delincuentes.
El caso más significativo es el de Juan Lira, alias El Moco, en Chignahuapan en donde el IEE y la FGE permitieron que participara en la elección del 2024 y obtuvo un triunfo que fue anulado.
Actualmente Juan Lira es buscado por las autoridades de Puebla e Hidalgo en donde tiene sus centros de operación, pero increíblemente le permitieron hacer campaña a la Presidencia Municipal de Chignahuapan y las autoridades poblanas no lo detuvieron.
Y ni qué decir de los hermanos González Vieyra que tenían señalamientos de graves irregularidades en Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires y aun así les permitieron ser candidatos y alcaldes.
Y recientemente el caso del alcalde, Gerardo Cortés de Cuautempan, quien está acusado de extorsión, robo a transporte de carga, robo a comercios y venta de sustancias prohibidas.
El IEE tiene la enorme responsabilidad de trabajar de manera conjunta con la FGE pata detectar perfiles de criminales que quieren llegar al poder a través de las elecciones en el 2027.
No se deben permitir más candidatos-delincuentes o, de lo contrario, la narcopolitica será la que gobierno en los próximos años la mayor parte de Puebla.
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