El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, señaló que Puebla ha enfrentado profundas secuelas institucionales tras haber tenido ocho gobernadores en el transcurso de una década, un periodo que calificó como uno de los más inestables para la vida pública del estado.
Explicó que los constantes cambios en el Poder Ejecutivo provocaron fluctuaciones en la conducción política y en la coordinación en materia de seguridad, así como en los procesos de procuración de justicia. Esta falta de continuidad generó, según dijo, condiciones propicias para la formación de círculos de corrupción que se extendieron a distintas áreas del gobierno y alcanzaron incluso a la Fiscalía General del Estado.
García Parra subrayó que este escenario heredado no solo debilitó la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también complicó la operación de áreas estratégicas donde la autonomía, dijo, no siempre estuvo acompañada de mecanismos internos de control y rendición de cuentas.
En este contexto, el funcionario destacó que la Fiscalía del Estado —al ser un ente autónomo— tiene plena libertad para sustituir a los encargados de despacho de las fiscalías especializadas y designar a nuevos titulares de origen poblano. Estos perfiles, añadió, posteriormente deberán ser ratificados por el Congreso del Estado, lo que permitirá formalizar los nombramientos y avanzar hacia una reestructuración que fortalezca la procuración de justicia.
Asimismo, indicó que este proceso de renovación forma parte de los esfuerzos del actual gobierno para cerrar el paso a prácticas irregulares del pasado y reconstruir la confianza en las instituciones, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía un sistema de justicia más eficaz, transparente y cercano.
