El mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBT+) no solo celebra las numerosas posibilidades de ser y amar: se trata también de una oportunidad para impulsar agendas de derechos para una comunidad que históricamente ha sido desplazada por los marcos normativos. Tales cuentas pendientes fueron referidas por el Dr. Ricardo Baruch en una sesión de la Cátedra Ellacuría de la IBERO Puebla.
México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas.
Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
De acuerdo con la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2018), nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en sus ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a represalias. Además, alrededor del 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias.
La comunidad LGBT+ ha tenido múltiples agendas inspiradas en las condiciones fisiológicas, ideológicas e históricas de cada subgrupo, así como en el contexto de cada lugar y época. Con el episodio conocido como los disturbios de Stonewall (1969) en un pub de Nueva York, dio inicio el movimiento moderno de los derechos de la disidencia sexogenérica, cuya principal consigna era hacia el fin del acoso policiaco.
Diez años después, las primeras marchas del orgullo gay (como se le conocía en la época) en México apostaban por la erradicación de la concepción patológica de la homosexualidad y lo trans. La lucha por los derechos sociales en materia de salud tuvo un punto de inflexión con la aparición del VIH en occidente, pues fue una pandemia que afectó particularmente a varones homosexuales y a mujeres trans.
En la actualidad, las demandas en América Latina se centran en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario y la educación sexual integral, entre muchas otras. Dentro de las agendas específicas, las personas intersexuales buscan garantizar los derechos de identidad corporal, mientras que la colectividad trans se ha abocado a impulsar su reconocimiento jurídico y legal.
Tres pasos adelante, uno atrás
Si bien cada entidad tiene necesidades particulares, Ricardo Baruch enlistó algunas exigencias claves del movimiento de cara a la marcha virtual de la Ciudad de México de este año (a celebrarse el 26 de junio): reconocimiento legal de las infancias trans, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales.
La discriminación en los servicios sanitarios continúa como un asunto preocupante, específicamente dentro de la comunidad trans. Al no existir una atención adecuada en el sector público, las personas se ven obligadas a buscar alternativas no profesionales, lo que vulnera su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es de acato obligatorio.
La defensa de los derechos se da en diferentes escenarios que van desde el trabajo de la sociedad civil organizada hasta las empresas comprometidas con la causa. No obstante, en Puebla, casos como los asesinatos de Antonio Chamorro (2005) y Agnes Torres (2013) han evidenciado la violencia en contra de los cabecillas de la lucha. En respuesta, la comunidad ha encontrado sinergia en otros movimientos con agendas afines, como los feminismos.
En sus reflexiones finales, Baruch se refirió a la postura antiderechos como un conjunto de actitudes que se valen de un lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas de las disidencias. Advirtió que los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo “no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.
