Mónica Franco
“Cuando un menor es abusado sexualmente, en ese momento se generan dos creencias, que se arraigan como hiedra a la piedra y que lo acompañarán durante toda la vida: ‘No merezco amor, merezco sufrir. No puedo defenderme, merezco castigo’”.
El Cristal roto: Sobreviviendo al abuso sexual en la infancia,
de José Luis Canales, psicólogo clínico, víctima de abuso sexual
Leí este libro en terapia. También fui víctima de violación a los 16 años, en un viaje de competencias deportivas. Mi madre lloró; ella también fue atacada sexualmente a la misma edad. Nos secamos las lágrimas y denunciamos. Nunca hubo justicia para nosotras ni para millones de personas que pasamos por esta tragedia.
Muchos años después pude pagar los servicios de una psicóloga, en una institución de ayuda humanitaria. Cuando denuncias ante el Ministerio Público, el Estado es incapaz de darte atención médica y psicológica pronta, eficiente y a largo plazo, como lo requieren las víctimas del abuso sexual.
Mi madre, como miles de mujeres más, salió adelante sólo con la ayuda de Dios; su inquebrantable fe la mantuvo de pie. “No estaban de moda los psicólogos”, me dice, mientras hacemos un recuento de todas las personas que conocemos que han atravesado por este crimen y que nunca denunciaron por la vergüenza de ser juzgadas.
Recientemente, Gisèle Pelicot abrió la puerta a esta conversación, una de las más difíciles, la del abuso sexual: nos mostró que la vergüenza debe cambiar de bando, porque las víctimas de violaciones no tenemos que ocultarnos ni sentir vergüenza. Pero sí debemos opinar sobre propuestas estériles y que apuntan al naufragio, como la castración química para violadores.
Alejandro Armenta Mier, quien en menos de un mes asumirá el cargo de gobernador de Puebla, desempolvó esa propuesta que presentó en el Senado en 2018: castrar a los violadores, temporalmente y mediante fármacos de alto costo (aplicados diaria, mensual o semestralmente), los cuales disminuyen la testosterona inhibiendo así el deseo sexual.
Sin embargo, nunca explicó que, de cambiar el Código Penal, los condenados por violación podrán optar voluntariamente por dicha castración química tras haber cumplido dos tercios de su condena, accediendo así a salidas anticipadas; tampoco puntualizó que el tratamiento sería obligatorio sólo para los violadores reincidentes.
El político —formado en la hegemonía del PRI, converso de Morena desde su fundación— sabe que, al hablar de violación infantil, de inmediato pensamos en nuestros hijos y nietos, por lo que nos aferraremos esa “solución” porque parece eficaz.
Por desgracia, en México es casi imposible obtener justicia, así como detener la avalancha de producción y distribución de pornografía infantil, el abuso sexual, la explotación y trata de menores de edad, delitos en los que México se encuentra en el primer lugar mundial, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dados a conocer por la Cámara de Diputados a finales de 2023.
El documento del Congreso también señala que seis de cada diez materiales de pornografía infantil en el mundo provienen de México, según informes de la Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Sexual Comercial Infantil.
Entre enero y septiembre de 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Puebla, 19 mujeres denunciaron ser víctimas de trata de personas, ubicándose el estado en la séptima posición nacional y en el lugar 12 para el delito de corrupción de menores, con 31 denuncias.
En cuanto al delito de violación, para el mismo periodo, se registraron 539 denuncias, con lo que se ocupa la novena posición nacional en la comisión de este delito. Se comenten más violaciones en el Estado de México, donde hay 2350 carpetas de investigación, y en la Ciudad de México, donde se han hecho 1946 denuncias.
Las poblaciones infantil, adolescente y femenina son las más vulnerables; son afectadas por la pedofilia, la pederastia, la corrupción de menores y la trata de personas. Las secuelas físicas y psicológicas son profundas; basta mencionar que un 64% de las niñas agredidas sexualmente padecen trastornos psiquiátricos.
Reparar la mente de una víctima de violencia sexual es tan difícil como querer pegar un cristal roto; las marcas serán permanentes. Sangrarán día a día si el agresor es un familiar con el que el menor de edad convive, o si no puede denunciar por miedo o amenazas.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024) existe una cifra negra de 93% de delitos no denunciados a nivel nacional, con la violación como uno de los que menos se denuncian por vergüenza, por miedo a que no le crean a la víctima y para evitar la revictimización.
Si los datos oficiales son escasos porque hay pocas denuncias respecto de los delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexuales, proponer una sanción igual de estruendosa que la violación no es algo tan descabellado si lo que se quiere es sólo “asustar” a los pederastas y pedófilos, y no realmente meterlos a la cárcel.
La realidad es que la castración química es un procedimiento con efectividad cuestionable y con efectos secundarios importantes —como el cáncer de próstata—, que genera dilemas éticos, clínicos y sociales; por ejemplo, la autonomía del delincuente, que se convierte en un paciente médico y psiquiátrico que debe ser atendido de por vida con altos costos para el Estado. Además, la inyección hormonal mensual necesaria para tal castración tiene un costo promedio de 600 pesos mexicanos; de no aplicarse, no evitaría una erección normal.
¿Cómo tomar la mejor decisión, desde el punto de vista bioético, considerando la autonomía y los derechos humanos del delincuente? ¿Cómo tomar la mejor decisión desde la perspectiva de la víctima, que también requiere de atención psiquiátrica para aliviar la ansiedad y depresión que incluso la pueden llevar al suicidio?
Es importante entender que la pedofilia y pederastia son patologías de difícil manejo; que no hay investigaciones científicas que concluyan que la castración química es la cura definitiva; que los enfermos sexuales pueden prescindir de su pene y violar con sus manos u otros artefactos.
Estoy segura de que todas las personas que sufrimos una violación votaríamos porque los responsables hubieran sido sentenciados; porque su permanencia en prisión fuera más larga de lo que establece actualmente la Ley, y porque exista un catálogo de violadores que sea difundido, para que sea de ellos la vergüenza de ser señalados, y no de nosotras por denunciarlos.
Previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, dejo otras cifras del SNSP para dimensionar la terrible crisis de violencia de género que se vive en Puebla: entre enero y septiembre de 2024 se investigaron diez secuestros de mujeres, lo que nos convierte en el cuarto estado con más casos; somos el noveno con más mujeres víctimas de lesiones dolosas, con 1761 denuncias; el lugar 11 en homicidios dolosos de mujeres, con 74 casos; y el décimo en cuanto a violencia familiar, con 7389 carpetas de investigación.
Además, con 38 presuntos feminicidios registrados en el mismo periodo, el estado de Puebla tiene el sexto lugar nacional en ese delito, mientras que la capital poblana, con nueve feminicidios, es la quinta ciudad entre las 100 más inseguras para las mujeres, sólo superada por Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua e Iztapalapa.
Es urgente también que el Poder Judicial de Puebla dicte sentencia a casos de feminicidios empantanados por tráfico de influencias, como el de la abogada Cecilia Mozón, ocurrido hace más de dos años. Sólo así los agresores de mujeres sabrán que en Puebla no se mata, no se viola y no se golpea a las mujeres.
Insurrectas en pie de lucha. ¡Si tocan a una, respondemos todas!
