En el marco de los cinco años de la Alianza Campo Justo, organizaciones civiles y mujeres jornaleras agrícolas denunciaron este lunes que la exclusión, la violencia y la precariedad que enfrentan en los campos persiste en el país e hicieron un llamado al Gobierno para que cumpla su promesa de incorporar sus demandas en la agenda de justicia social.
En una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, mujeres indígenas provenientes de la montaña de Guerrero, en el sur del país, compartieron sus testimonios sobre condiciones laborales inhumanas, discriminación sistemática y falta de acceso a salud, educación y vivienda.
“Me he tenido que hincar en un surco, en el lodo (con nueve meses de embarazo) para que pueda comer mi familia (…) he tenido que aplastar a mi bebé para que pueda ganar un poquito de dinero y ni siquiera me alcanza con eso”, denunció Sara, jornalera migrante.
La Alianza Campo Justo -integrada por Fundar, Oxfam México, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros- fue creada en 2020 para exigir el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de esta población, históricamente marginada.
No obstante, las organizaciones acusaron que, pese a avances normativos como el reconocimiento del salario mínimo profesional para el sector agrícola, las condiciones reales no han mejorado, aun cuando el discurso político pareciera enfocarse a este sector.
Para Diego de la Mora, director de Fundar, el salario que reciben los jornaleros agrícolas no alcanza para “una vida digna” y señaló que las inspecciones laborales son casi inexistentes y cuando llegan, las empresas maquillan las condiciones solo por ese día.
“Y hay agua, limpieza, pero nada más se van los inspectores y todo vuelve a estar igual de mal que antes”, lamentó De la Mora
Por su parte, Alejandra Haas, directora de Oxfam México, advirtió que el modelo de seguridad social actual está diseñado para trabajos formales y estables y no considera la estacionalidad de la labor jornalera.
Hass propuso flexibilizar la cotización, garantizar la atención médica durante todo el año y crear un registro único de personas jornaleras para facilitar el ejercicio de sus derechos.
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Igualmente, Abel Barrera, de Tlachinollan, denunció que la migración forzada desde comunidades indígenas se da por el abandono histórico de las autoridades mexicanas.
En este sentido, Barrera se quejó de que las mujeres se vean obligadas a migrar en condiciones adversas, sin educación, con poco o nulo acceso a servicios de salud y sin seguridad en los traslados.
Las mujeres exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gabinete cumplir con su compromiso de incluirlas en la política pública.
“Dice la presidenta que es tiempo de mujeres, ¿dónde está? ¿Tiempo de qué? ¿Cuándo lo va a poner en acción? Dice que hay programas para mujeres, pero hasta los 60 años, si me morí pronto y no llegué a los 60, ¿qué hay para mí? Ojalá se pongan en nuestro lugar porque también son mujeres”, reclamó Sara.
Además, entre las propuestas de la Alianza Campo Justo se pidió crear un fondo tripartita que asegure ingresos durante los tiempos sin cosecha y adaptar los programas sociales a las realidades que viven las mujeres del campo, quienes muchas veces no tienen acceso a estos beneficios por no contar con tierras propias.
“Lo que come la gente cada que llega a su mesa, nosotros como gente jornalera lo cosechamos, la calidad que llega a la mesa es por nosotros”, sentenció Isa, también jornalera.
Con información de EFE.
