Gobiernos de Tonantzin Fernández y Alejandro Armenta acuerdan con representantes de pueblos originarios avanzar en la solución del conflicto; prevén liberar totalmente la vialidad en ambos sentidos. Exigen a la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza cubrir los gastos operativos y materiales.
San Pedro Cholula, Pue.- Después de varios días de bloqueo en la carretera federal México-Puebla, fue liberado uno de los carriles de circulación, luego de que autoridades municipales, estatales y representantes de pueblos originarios alcanzaran acuerdos en las mesas de trabajo instaladas por el conflicto del relleno sanitario de Cholula.
A través de un comunicado conjunto, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, y el Gobierno de Puebla, que preside Alejandro Armenta Mier, informaron que los consensos alcanzados permitieron avanzar en la liberación de la vialidad, con la expectativa de recuperar la circulación en ambos sentidos durante las próximas horas.
Como parte de los acuerdos, los gobiernos municipal y estatal asumieron compromisos y acciones para atender las demandas de los manifestantes y lograr que se retire el bloqueo, con el objetivo de restablecer el tránsito para miles de automovilistas, comerciantes y habitantes de municipios y estados que utilizan diariamente esta carretera.
Sin embargo, las autoridades precisaron que los costos operativos y materiales derivados de las acciones para atender el conflicto deberán ser cubiertos posteriormente por la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza, relacionada con la operación del relleno sanitario.
En el posicionamiento, ambas administraciones también cuestionaron las decisiones de gobiernos municipales y estatales anteriores que permitieron la concesión del relleno sanitario sin una evaluación adecuada de riesgos ambientales, ni una planeación que contemplara las consecuencias de su funcionamiento para las comunidades de la región.
El señalamiento coloca nuevamente bajo cuestionamiento las decisiones tomadas en administraciones pasadas, mientras que la actual crisis ha derivado en protestas, afectaciones ambientales y complicaciones para miles de personas que transitan por esta importante vía de comunicación.
El gobierno de Tonantzin Fernández aseguró que mantendrá el diálogo con los representantes de los pueblos originarios y continuará trabajando con la administración estatal para atender las demandas sociales, garantizar los derechos de la ciudadanía y exigir que las empresas privadas cumplan con sus obligaciones.
Por ahora, la liberación total de la carretera dependerá del cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes involucradas.
