La LIX Legislatura local es la responsable de que no exista en el Congreso del Estado la documentación relacionada con el contrato del gobierno del estado con Agua de Puebla, denunció Nora Merino Escamilla, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.
En entrevista con La Jornada de Oriente afirmó que en una solicitud de información respecto a la documentación relacionada con la concesión la respuesta del Congreso fue que no cuenta con lo solicitado.
Y es que sostuvo que en el LIX legislatura con mayoría de diputados afines a los ex gobernadores Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad fue cuando la documentación se extravió con lo que aquellos legisladores incurrieron en una “omisión”.
Afirmó que los actuales diputados se enteraron de los pormenores del convenio por acercamientos con la empresa.
“La LIX legislatura cometió un acto de irresponsabilidad porque no dejó en los archivos del Congreso ninguna información respecto de la Concesión de Agua. El error recae en ellos porque no encontramos la papelería al hacer la búsqueda exhaustiva, no pudimos obtenerla”, denunció.
Indicó que la información relacionada con la concesión de la que tiene conocimiento la LX Legislatura también se obtuvo por personas que han emprendido acciones legales en contra de la empresa por cobros excesivos.
Lamentó que en este momento no exista una consecuencia de manera administrativa porque no hay a quién cargarle la omisión.
“Al entrar y salir gente de confianza en el cambio de legislatura ellos justifican de la pérdida de este documento”.
Subrayó que lo anterior no exime de responsabilidad a los actuales diputados para revisar la concesión con el objetivo de que se elimine esa concesión abusiva y se sancione a la empresa por los cobros abusivos.
En mayo de 2014 fue aprobada la concesión del agua a la empresa Agua de Puebla, lo que trajo consigo la realización de cobros excesivos a los usuarios e incumplimiento por parte de la firma a los acuerdos en materia de obras en el estado.
Mientras el ayuntamiento de Puebla planea la revocación del contrato por la vía municipal, en el Congreso del Estado estudian la estrategia jurídica en conjunto con el gobierno del estado para echar abajo el contrato.
Organizaciones sociales, activistas y expertos en el tema han acusado que la concesión viola el derecho al agua, consagrado en la Constitución Política de México, además de que no existe otro contrato en México que tenga condiciones más desfavorables para los ciudadanos.
