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Tonatiuh Maximiliano
Con la aprobación en el Congreso de Puebla del matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio igualitario), ocurrida este martes 3 de noviembre, los colectivos a favor de la diversidad sexual alcanzaron una meta histórica, ambicionada desde hace por lo menos una década.
Así lo ratificaron varios activistas quienes a través de sus redes sociales dieron seguimiento a la sesión del Congreso poblano que se desarrolló a distancia debido a la pandemia del covid-19.
Luchadores sociales como Brahim Zamora, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr); Marco Antonio Moreno de «México Igualitario» o Adán Cuamatzi de «No dejarse es incluirse», se congratularon al tiempo que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la morenista Nora Escamilla, reconoció el fallo del Poder Legislativo con 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.
Los activistas también fustigaron a través de sus redes sociales las expresiones de homofobia que manifestaron legisladores como Héctor Alonso Granados (sin partido), Oswaldo Jiménez y Mónica Rodríguez del PAN, quienes argumentaron en contra de la iniciativa. Pero también reclamaron que la bancada de Morena se haya «colgado una medalla que no les correspondía», sobre todo después de que en el año 2019, ese grupo legislativo le cerró la puerta al matrimonio para parejas de homosexuales.
En sendos mensajes, los colectivos LGBTIQ+, celebraron el voto mayoritario de Morena pero no dudaron en calificarlo como propio de la coyuntura pre-electoral que se vive, pues en varios puntos del país ya se mueven las fichas de los próximos comicios de junio de 2021 y temas como el matrimonio igualitario son utilizados a modo de bandera por las fuerzas «progresistas».
«(El matrimonio igualitario) es el resultado de una serie de acciones que, a través de los años, hemos llevado a cabo las organizaciones no gubernamentales de la población LGBTIQ+ y de las personas aliadas, buscando siempre el cumplimiento de la obligación del Estado de las diversas formas de familias», señaló un comunicado que previo a la sesión de este martes, suscribieron una veintena de asociaciones civiles.
Dichas organizaciones no le perdonaron al partido en el gobierno que durante dos años haya «bloqueado» las iniciativas de legisladores como Marcelo García (independiente), Rocío García Olmedo (PRI) y José Juan Espinosa del Partido del Trabajo, argumentando que el tema del matrimonio entre homosexuales no era prioritario para la mayoría de los poblanos.
Por su parte, la legisladora del PRI Rocío García Olmedo, acusó en su intervención que los parlamentarios de Morena aprobaron por consigna la unión civil entre personas del mismo sexo, sólo hasta que el papa Francisco declaró en un documental que los homosexuales «también tienen derecho a una familia» y no lo hicieron cuando la Suprema Corte de Justicia de México los exhortó a legalizar el derecho a la igualdad para todas las parejas.
«Es una mentira que se haya recibido en estos días una resolución de la Suprema Corte. Lo que sí es verdad, es que el viernes (30 de octubre) sí conocimos el argumento para el voto a favor de la mayoría: la declaración del papa Francisco. Aprovecharon está declaración del papa, que no va precisamente en este sentido, ¿eh? Pero gracias a Dios que hizo el milagro».
La priísta también se sorprendió de que en un lapso de 12 días naturales, la bancada de Morena haya podido sacar adelante un tema que se mantuvo «en la congeladora» durante los primeros dos años de la actual legislatura, y que fue rechazado de manera recurrente por parte de los diputados de prácticamente todos los partidos durante los últimos años.
«Hoy se aprobará seguramente con el voto mayoritario la iniciativa que presentó Morena hace 12 días sobre matrimonio igualitario… porque eso que hoy se mayoriteará es justo aquello que por más de dos años negaron, bloquearon y hasta votaron en contra el año pasado», aseveró García Olmedo al hacer un recuento de las propuestas sobre sociedades de convivencia y matrimonio igualitario presentadas en el Congreso desde 2015.
La cronología
La conquista alcanzada por las organizaciones LGBTIQ+ de Puebla este 3 de noviembre, es una lucha que data de por lo menos el año 2009, cuando la figura de «sociedades de convivencia» fue aprobada en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En automático, los colectivos gais de otras entidades buscaron replicar este derecho al interior del país.
Dos propuestas que corrieron a cargo de las ex diputadas Irma Ramos Galindo (PRD) y la propia Rocío García Olmedo fueron «bateadas» por los legisladores de mayoría priísta, quienes enarbolaron para su causa argumentos como una encíclica del papa Juan Pablo II.
Posteriormente, legislaturas de mayoría panista también rechazaron las iniciativas presentadas por diputados como Socorro Quezada del PRD, Julián Peña de Movimiento Ciudadano o Geraldine González del Partido Verde. Tales propuestas ya buscaban formalizar la figura del matrimonio igualitario, dejando atrás las sociedades de convivencia, apoyadas en una jurisprudencia de la Suprema Corte.
Y es que, ante la negativa del Congreso poblano de legislar a favor de las «uniones gay», los colectivos de la diversidad sexual optaron por trasladar su lucha hacia el poder judicial, donde por medio del recurso de amparo, primero de manera individual y luego colectiva, lograron que el máximo tribunal de justicia del país se pronunciara en contra de las leyes que consideran al matrimonio como la unión civil entre «un solo hombre y una sola mujer», validando de esta manera los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, la renuencia del Congreso de Puebla a legislar en favor de estas minorías se impuso incluso por encima del criterio de la Suprema Corte, dando lugar a diversos exhortos que llegaron desde el Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y más recientemente la Cámara de Diputados, cuyos apercibimientos fueron ignorados una y otra vez por el poder legislativo poblano.
El último de estos exhortos ocurrió apenas en el pasado mes de octubre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a hacer un llamado a los legisladores de mayoría morenista para que acataran el fallo emitido desde hace más de un lustro y plasmaran en las leyes locales lo que ya se había definido a nivel nacional desde el alto tribunal de México.
