El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas blindó el contrato de concesión del servicio de agua potable con la empresa Agua de Puebla, contra un intento de revocación por incumplimiento, al modificar más de 10 cláusulas sobre obligaciones e inversiones.
De acuerdo con el documento en poder de El Popular, diario imparcial de Puebla, el 3 de julio de 2014, seis meses después de que se concretó la concesión, Manuel Urquiza Estrada, director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) avaló cambios a la misma.
Según estableció el acuerdo, reestructuraron el cálculo tarifario del servicio, lo que permitió el establecimiento discrecional de los costos por el abasto en los segmentos domiciliarios, lo que disparó las cuotas.
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Además, el morenovallismo permitió que la inversión pactada en el contrato por 3 mil 844 millones de pesos, a aplicar en cinco años; es decir, en promedio, 768.8 millones de pesos cada 12 meses, se redujera.
Con esa nueva disposición, la concesionaria se encuentra obligada a ejercer la inversión pero en un lapso de 10 años, porque quedó previsto que el cumplimiento se extienda al año 2024.
Con la nueva fórmula quitaron presión a la empresa para ejercer los recursos que prometió, al establecerse una cantidad aproximada de 384.4 millones de pesos anuales, 50 por ciento menos según las condiciones de la concesión original.
En el convenio original, se obligaba a la compañía a constituir una subcuenta contable en el Fideicomiso de Administración, que debería tener en todo momento una cantidad igual al 10 por ciento del monto de inversión del año contractual del que se trate.
Sin embargo, pese a que esto estaba pactado a partir de 2019, se extendió el plazo para que lo cumpliera hasta 2024.
Las modificaciones también alcanzaron lo estipulado en materia de desempeño, al permitir que la eficiencia en bloque prevista en 95.5 por ciento al quinto año de la concesión, o sea 2018, pasara a 75.5 por ciento al séptimo año, 2020.
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Le permitieron a la empresa cumplir al 100 por ciento con la norma NOM-002-SEMARNAT-1996 sobre contaminantes en descargas de aguas residuales a sistemas de alcantarillado urbano municipal, al 16 de mayo de 2023, cuando estaba programada para 2014, en el primer año de funcionamiento.
En cuanto a cobertura de drenaje, el contrato preveía un 97 por ciento al 2019, pero se cambió al 2023.
En materia de micromedición de agua potable,de 90 por ciento al que estaban obligados para 2018, pasó a 50 por ciento, pero de 2020.
El contrato de concesión establece cláusulas de revocación, para lo que el reclamante deberá demostrar el incumplimiento de las obligaciones que ahora son laxas, gracias a los cambios que aplicó el morenovallismo.
