Carlos Gómez / @gomezcarlos79
La Universidad de las Américas (UDLAP) emprendió una batalla legal contra el Gobierno del Estado de Puebla, para intentar recuperar el inmueble que tenían en comodato desde el 24 de julio del 2015 en la 18 Norte #406 en acuerdo con el DIF para dar preparación a jóvenes de bajos recursos con becas.
Como recordaremos el pasado 18 de diciembre del 2019, el Gobierno del Estado de Puebla retiró el comodato y recuperó el inmueble ante las graves fallas que detectó por parte de la UDLAP.
El gobernador, Miguel Barbosa, prometió terminar con los excesos en su gobierno y el caso de la UDLAP es simbólico.
El mismo día de la notificación de que se terminaba el comodato, el rector, Luis Ernesto Derbez emprendió su propia guerra en el ámbito legal contra Miguel Barbosa.
A través del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla promovió el amparo 2117/2019 por «La orden desposeer de inmueble” a la UDLAP.
Después de que ambas partes han rendido los informes correspondientes el pasado 10 de enero se determinó: “se niega la suspensión definitiva”.
Es decir, Luis Ernesto Derbez va perdiendo el pleito con el gobernador, Miguel Barbosa.
Dentro del juicio se ordenó realizar la audiencia el próximo 23 de enero de este 2020 para desahogar las pruebas.
Aquí vale la pena recuperar las principales anomalías detectadas por el Gobierno del Estado de Puebla con respecto al convenio que incumplió la UDLAP:
“– El número de alumnos al que estaba comprometida a apoyar no son los que se habían establecido. De 218 alumnos inscritos en dicha Institución solamente 38 cubren el perfil para estar inscritos y recibir los apoyos respectivos.
– Las becas comprometidas por la institución fueron otorgadas a personas que no tienen necesidad económica o que no están en situación de vulnerabilidad; los representantes de la Asociación Civil Sistema Preparatorias UDLAP informaron que esto les había sido permitido por gobiernos anteriores.
-Los pagos para el correcto funcionamiento del plantel, como el agua, luz y otros servicios, los debía pagar la institución, sin embargo los ha cubierto el Gobierno del Estado.
– A pesar de ubicarse en un inmueble propiedad del Gobierno del Estado, la institución educativa cambió de Estatal a Federal el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) con el que opera.
– Oposición abierta a las supervisiones pactadas”.
El primer round es para el gobernador.
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