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Después de la salud, el panorama económico es el tema que más preocupa al mundo en tiempos de pandemia. Para México, «la inminente crisis financiera ha supuesto la pérdida de miles de empleos, así como afectaciones a la población más pobre y estragos al sector turístico», comentó Mar Estrada Jiménez, coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas.
En concreto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) que no pertenecen a las actividades esenciales son las que más se han visto afectadas dentro del sector privado. Esta falta de percepción de ingresos impacta en los niveles de vida de millones de familias.
Las remesas representan un pilar económico para muchos estados de la República, siendo Zacatecas, Guerrero y Oaxaca los que más se benefician del dinero enviado por compatriotas en el extranjero. En estas entidades, supone hasta un 10% del PIB, por lo que su inevitable disminución, consecuencia de la desaceleración económica de Estados Unidos, les impacta de forma directa.
Paralelo a la pérdida de remesas, que se ha especulado será de entre 7% y 23%, puede anticiparse un retorno considerable de mexicanas y mexicanos que radican en la Unión Americana. Esto último, reflexiona la académica, se daría por la falta de empleos y las enérgicas políticas migratorias de la nación vecina.
El efecto de crecimiento nulo o eventual recesión ya había sido anticipado por múltiples calificadoras y expertos. “Se había contemplado un crecimiento mínimo del PIB independientemente de quién llegara a la presidencia en 2018”. Se trata, pues, de una inercia negativa que se está viendo potenciada por la contingencia sanitaria mundial y todo lo que ésta conlleva.
Plan económico insuficiente
Durante su informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un plan económico que se basa en la asistencia social y evitar, de momento, el endeudamiento externo. Si bien estas medidas beneficiarán a muchos hogares, Estrada Jiménez considera que hay omisiones que deben ponerse sobre la mesa.
Una de ellas tiene que ver con la flexibilización laboral. «Esta condición, que prevalece desde 1994, no beneficia a las y los trabajadores, pues muchos de ellos no tienen derechos laborales, prestaciones ni seguridad social». En concreto, se refirió a quienes trabajan en la informalidad o de manera independiente.
