La fragilidad frente a la incertidumbre develada por la COVID se presenta como una de las mayores debilidades de la humanidad. La urgencia y la gravedad de la situación constituirá uno de los grandes retos a afrontar por todos los operadores jurídicos para dar certeza a los derechos de las personas y equilibrar los poderes públicos bajo un marco de Estado de derecho.
Como parte de la semana legal de la IBERO Puebla, juristas de amplia trayectoria reflexionaron sobre la inaccesibilidad a los derechos sociales y las restricciones al margen de la ley para contener los tiempos convulsos. En este transitar pandémico, una de las instituciones más afectadas ha sido la familia, especialmente mujeres, niñxs, adultos mayores y personas con discapacidad.
Las constituciones modernas han puesto en debate los límites de las acciones estatales para gestionar situaciones de emergencia. “No existe un modelo único para hacer frente a estas situaciones. Se debe discutir cómo evitar que las medidas extraordinarias se normalicen”, explicó el Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la Constitución Mexicana, el artículo 29°faculta al Poder Ejecutivo para restringir las garantías individualesen situaciones extraordinarias. Esto explica, entre otras cosas, que la SEP suspendiera actividades quince días antes de la declaración de emergencia por parte del Consejo de Salubridad General. Advirtió el ministro: “cualquier restricción a los derechos humanos que derive de la emergencia sanitaria debe estar prescrita por ley”.
A ese contexto se enfrenta la familia, una entidad reconocida como realidad social cambiante gracias al desprendimiento de los estereotipos de género y la inclusión de las disidencias sexuales y de género. La protección a sus derechos humanos, aun en un estado de emergencia, debe contemplar todas sus posibilidades y expresiones.
La principal interrogante es cómo se puede determinar si las medidas sanitarias son idóneas para abordar la situación y si son consecuentes con los mecanismos constitucionales desarrollados para garantizar el goce real y efectivo del derecho a la protección de la familia. La búsqueda del balance entre los intereses personales y los de la colectividad, concluyó González Alcántara Carrancá, no permiten realizar juicios tajantes.
Procedimientos obsoletos
Los conflictos legales en tiempos coronavíricos se caracterizan por un efecto de desgaste y ralentización de los procesos de justicia, lo que ha llevado a buscar medios alternativos de solución de controversias. No obstante, la mayoría de los mediadores y prestadores de estos servicios no están calificados para atender todos los casos.
Como observó la Mtra. Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Estado de derecho se ha visto trastocado por la pandemia en cuanto a su mantenimiento. Los abogados, dijo, están obligados a trabajar conjuntamente para generar un mejor sistema de normas jurídicas.
Una de las principales deudas del Estado de derecho se centra en el acceso a la justicia: el cierre de actividades presenciales evidencio los amplios rezagos en materia de digitalización de trámites. En algunos casos, esta condición ha provocado que las personas vieran obstruido su derecho al acceso a una justicia pronta y expedita.
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“El gran deudor es el Estado mismo al llevar a cabo acciones que entorpecen la ejecución de normas que brindan seguridad y certidumbre a la ciudadanía”: Mtra. Claudia de Buen Unna.
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Por otro lado, la falta de confianza en los sistemas de denuncia ciudadana en línea ha provocado una caída drástica en la acusación de los mismos, lo que ha sido interpretado por algunos frentes como una disminución en ciertos ilícitos. En todo caso, aclaró la abogada, se trata de una renuncia a dar cuenta de la experimentación de un delito y a la subsecuente solicitud de reparación del daño.
Cuentas pendientes
De acuerdo con el informe de la Asamblea General de la ONU en materia de los impactos de la COVID más allá de lo sanitario, la crisis ha profundizado la desigualdad y generado nuevas asimetrías. Además, se han retrocedido varios años de logros en materia de género. Ante ello, es urgente y necesario un nuevo contrato social basado en los derechos humanos.
En México, situaciones como la falta de acceso a la justicia laboral representaban procesos largos y desgastantes en la era prepandémica; en la actualidad, la situación es peor. En el año de confinamiento también se ha debatido en materia de acceso a medicinas y protección personal para el personal de salud, así como amparos para acceder a los servicios e insumos básicos necesarios para la educación a distancia.
Todo ello se ha visto atravesado por las airadas exigencias de un ingreso mínimo vital impulsadas por múltiples frentes de personas ocupadas y desempleadas. “Todas estas son condiciones de existencia que son ya derechos reconocidos, pero no son derechos que todas las personas tengan garantizados”, advirtió el Mtro. Simón Hernández León.
Para el coordinador de la Licenciatura en Derecho IBERO Puebla, el Derecho debe pensar y actuar de manera consecuente a la transformación civilizatoria con base en las personas sujetas de derechos y las condiciones diferenciadas que configuran la realidad. “No podemos volver a la normalidad anterior, sino que tenemos que construir, desde el Derecho, un escenario que respete la dignidad de todas las personas”.
Enlace para ver la presentación completa: https://youtu.be/IhddUYtkl78er
