Aunque la Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP) es constitucional, este fallo es relativo a las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así lo aclaró este miércoles el gobernador Miguel Barbosa, quien celebró el fallo que se alcanzó ayer por mayoría de ocho ministros, quienes consideraron como constitucional que los municipios cobren esta tarifa a los ciudadanos por concepto de alumbrado público, misma que ya no vendrá en el recibo de luz.
Sin embargo, aún se está en espera que la Suprema Corte analice la controversia constitucional que en enero de este año interpuso el Ayuntamiento de Puebla para su caso específico. Esta no fue analizada en conjunto con las dos que se abordaron ayer, debido a que el gobierno de la capital aplicó una fórmula distinta al resto de los municipios para abordar esta tarifa.
«El Ayuntamiento de Puebla promovió una controversia constitucional para que el Congreso aceptara la fórmula que proponía el ayuntamiento. Controversia constitucional que hasta la fecha no se ha resuelto. Y yo lo digo para que quede perfectamente claro», afirmó el titular del Poder Ejecutivo en el estado.
El gobernador de Puebla pidió a los medios de comunicación ser cuidadosos para no confundir estos dos temas, que si bien forman parte de un mismo asunto implican dos juicios diferentes.
