El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla, surgido durante el sexenio de Rafael Moreno Valle para visibilizar la magnitud del problema, exigió este domingo al gobierno de Luis Miguel Barbosa justicia para los 360 presos políticos y sus deudos, quienes fueron perseguidos, encarcelados sin motivo y hasta privados de la vida, en los últimos ocho años, por oponerse a los gobiernos panistas.
Así lo exigieron sus representantes, los académicos Carolina González Barranco y Miguel Ángel Rosas Burgess, con el respaldo del abogado Samuel Porras Rugerio.
En rueda de prensa, realizaron una relatoría en la que destacaron que los opositores al gobierno morenovallista fueron reprimidos por escribir desde consignas en redes sociales, a cargo de universitarios, hasta campesinos por reclamar respeto a sus propiedades.
Los episodio más dramáticos –resaltaron- fue la brutal represión policíaca en el pueblo de Chalchihuapan que produjo la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo y las graves lesiones a media docena de lugareños; así como la prisión de Rubén Sarabia “Simitrio”, sus hijos y compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, y el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, por oponerse a la venta del parque Flor del Bosque.
Además, sumaron los asesinatos de Antonio Esteban Cruz acaecido en 2014, en Cuetzalan, quien fuera integrante del Miocup-Cnpamn; Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado en mayo de 2018 integrante de la misma organización que Esteban Cruz; Adrián Tilihuit asesinado en mayo de 2018; y la desaparición de Sergio Rivera Hernández, desde agosto del mismo año en la Sierra Negra de Puebla.
Por lo tanto, exigieron al gobierno del estado castigo para los autores de la represión política, a sus operadores y cómplices, pues en tanto esto no ocurra, el acceso a la justicia será solo discurso un inocuo.
También demandaron petición de perdón a las víctimas de estos atropellos por parte del Ejecutivo estatal; y resarcimiento a los daños causados por la acción estatal a los afectados.
González Barranco expuso que una de las muchas deudas que dejaron pendientes las gestiones de gobierno que encabezaron Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, son las ofensivas violaciones de los más elementales derechos humanos de todas aquellas personas que se vieron agraviadas con la persecución política, la prisión sin motivo y hasta la privación de la vida.
Argumentó que ninguna ley ni reglamento justificó las detenciones y la represión que Moreno Valle ordenó a policías, agentes del Ministerio Público, jueces y otros funcionarios públicos que actuaron de manera factual bajo el cobijo del poder estatal, pero por completo al margen de la legalidad.
Aseguró que esto se demostró a la postre en todos y cada uno de los casos en los que las víctimas se defendieron ante la justicia federal.
Carrancá y Toledano encabeza la lista de funcionarios que siguen vivos y que son responsables de la represión
La académica informó que si bien es cierto que Rafael Moreno Valle Rosas ha muerto, lo mismo que el ex secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Villegas, todavía siguen vivos los responsables de la represión, y se encuentran bien identificados.
De manera contundente, señaló al fiscal con permiso, Víctor Carrancá Bourget, operador de la mayor parte de los atropellos; los y las jueces y agentes del Ministerio Público que intervinieron; y hasta policías que actuaron con singular crueldad y al margen de la Ley.
También mencionó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, jueces y agentes del ministerio público y espías políticos.
Carolina González dijo que en menester enlistar de manera completa a todos aquellos que incurrieron en estos hechos represivos, para que sean juzgados y sancionados por la justicia verdadera.
Aclaró que esta demanda no es por un afán de venganza, sino el de combate efectivo a la impunidad, el peor de los males de la llamada justicia mexicana.
“Para este Comité resulta prioritario que en el Estado se garantice la erradicación de todas aquellas prácticas ligadas al autoritarismo, la represión social y la sujeción de las instituciones ligadas a la procuración e impartición de justicia que funcionaron como ‘garrote político’ al servicio de intereses particulares en detrimento personal y comunitario de todos aquellos que se atrevieron a disentir”, reclamó.
En este contexto, comentó que es pertinente citar el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien en su momento documentó una red de prostitución infantil donde uno de los protagonista fue Kamel Nacif Borge, quien a su vez se cobijó en el entonces gobernador Mario Marín Torres para dar un “escarmiento” a la comunicadora; lo que ocurrió después es del conocimiento público.
Refirió que el caso Cacho Ribeiro ha cobrado vigencia en los últimos meses, pues en él se resumen todas aquellas consecuencias a las cuales las víctimas quedan expuestas si los autores intelectuales y materiales siguen actuando en medio de la impunidad.
“El mensaje es muy claro; si no existe justicia real, el victimario puede orillar a la víctima a vivir en una situación de constante vulnerabilidad e incluso replicar sus acciones en virtud de que nunca existe una consecuencia contundente que pueda frenarlo”, advirtió.
De ahí, reconoció, la importancia no solo de condenar los hechos, sino de garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Agraviados deben interponer acciones legales vs. la “fabricación” de procesos
Al final, refirió que es importante hacerse algunas preguntas: ¿De qué forma el gobierno actual podría asegurar que lo vivido durante el morenovallismo y su sucesor no volverá a ocurrir? ¿Una disculpa pública resarciría todo aquello que los ciudadanos ultrajados vivieron? ¿Sería suficiente? ¿El gobierno actual buscará alguna forma de resarcir los daños que presos, procesados y perseguidos sufrieron? ¿Existe algún mecanismo para restablecer la salud mermada, la angustia para conseguir recursos económicos, la estabilidad emocional de los imputados, su familia y su círculo más cercano? ¿Existe algo que pueda regresar los minutos y segundos de vida perdidos en la prisión o la huida? ¿Cómo se regresa la vida de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, Delfino Flores Melga, Antonio Víctor Montes Contreras o Meztli Sarabia Reyna?
Carolina Barranco comentó que lo mínimo que habría de esperarse no solo es el cese de sus funciones, sino que rindan cuentas de sus acciones y respondan de las consecuencias que de ellas se derivaron.
“Queremos no solo la destitución y rendición de cuentas de funcionarios, sino que afronten las consecuencias legales de sus acciones ilegítimas al haber hecho uso despótico tanto del poder que ostentaban, como de la perversión de la ley para espiar, fabricar delitos, reprimir, amenazar, enviar a prisión a inocentes, quitando toda legitimación a la actuación del Estado”, puntualizó.
Para la académica no puede olvidarse la opinión que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, número 65/2017, hizo al Estado Mexicano y al Estado de Puebla, en lo particular, señalando los abusos de poder cometidos contra la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes.
Por estas razones, concluyó, este Comité exhorta a todas aquellas personas que sufrieron persecución, prisión injusta, ciudadanos con procesos vigentes, perseguidos y todos aquellos que hayan sentido que sus derechos fueron vulnerados, para que inicien acciones legales contra quienes resulten responsables en la fabricación de sus procesos y la ejecución de las acciones que de ellas derivaron.
Aclaró que estos juicios deben ser presentados de manera individual por los agraviados, y para ello se cuenta con el respaldo del abogado Samuel Porras Rugerio, quien llevó la defensa legal de Simitrio y los integrantes de la UPVA.
