- Solo el 56% de las viviendas estudiadas han sido rehabilitadas. La inacción desata múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas afectadas
Decenas de edificios de la Ciudad de México han resistido múltiples sismos, incluido el del 19 de septiembre de 1985. Tras los temblores de 2017, las familias que habitan unidades habitacionales comenzaron a preguntarse qué tanto más podrían resistir los inmuebles.
La Arq. Vania Catalán Pérez, estudiante de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación de la IBERO Puebla, realizó un estudio exhaustivo de la situación. “Después del sismo de 2017 observamos un caos generalizado en la Ciudad de México”, indicó en una conferencia para la Universidad Jesita.
Esto se debe a la vulnerabilidad social y de infraestructura, así como a una falta de políticas públicas claras. Las viviendas multifamiliares representan el 30% del total de hogares de la zona metropolitana del valle de México, mientras que el 60% son unifamiliares. Todas ellas se erigen en un suelo “complejo para la construcción” y con tendencia a la amplificación de ondas sísmicas.
Aunado a ello, existen carencias en el cumplimiento del reglamento para construcciones, pues el suelo se utiliza en zonas poco aptas para las viviendas. Además, existe una falta de cultura de prevención, lo que obstaculiza la implementación de protocolos de emergencia.
Tras el sismo de 2017, 38 edificios de la Ciudad de México colapsaron total y parcialmente; el 90% de los edificios derrumbados se construyeron antes de 1985. Más del 70% de los edificios colapsados eran viviendas, y casi la mitad de las muertes ocurrieron en hogares. En total, 370 edificios de vivienda se vieron afectados por el siniestro del 19S.
Catalán Pérez, en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, analizó 287 viviendas que registraron daños menores en 1985; siete de cada diez se encontraban en la alcaldía Cuauhtémoc. Un mapeo de irregularidades arquitectónicas e ingenieriles llevó a identificar prácticas de riesgo: plantas bajas debilitadas, fachadas con columnas cortas y golpeteo entre edificios.
El 79% de los edificios analizados no presentó daños tras el sismo de 2017. Sin embargo, 30 resultaron inhabitables; de estos, el 70% tenían más de seis niveles. “Los códigos de construcción no cumplen con la normativa actual. Muchos edificios de la Ciudad de México están en estas condiciones [de riesgo]”, explicó la arquitecta.
Los habitantes, continuó, tienen la responsabilidad de no modificar las unidades de vivienda para no incrementar la vulnerabilidad, dar mantenimiento constante, utilizar los edificios para lo que fueron creados y permitir la intervención de las autoridades.“Ningún edificio es infalible”.
Por otro lado, Vania Catalán reconoció que los profesionistas de la construcción deben contemplar el historial y la tendencia de sismos al planificar proyectos. Para ello, el trabajo con disciplinas especializadas en prevención de riesgos resulta fundamental. Al mismo tiempo, exhortó al público estudiantil a involucrarse en el desarrollo de políticas públicas pertinentes.
Para la estudiante de la IBERO Puebla, el derecho a la vivienda resulta controvertido en la medida en que el Estado no es el único proveedor de inmuebles para vivir; no obstante, sí es su obligación brindar los medios para una vida digna. “Tenemos que mejorar el entendimiento del sismo como evento natural y desarrollar medidas rentables para reducir su impacto en la vida de las personas y en los edificios”.
Desde la mirada social, el equipo ha recabado los testimonios de las víctimas. Las voces destacan la sorpresa frente a la vulnerabilidad de los espacios habitacionales y la frustración por una falta de respuestas a más de cinco años del siniestro. Catalán Pérez consideró necesario comprender el papel de cada actor social bajo una lógica de corresponsabilidad e impulsar un cambio de paradigma basado en la comunicación.
