![](../add/ficomics262.png")
En sesión pública de la Comisión Permanente de le LX Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Mónica Lara Chávez presentó una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar el artículo 338 del Código Penal del Estado, con la finalidad de aumentar las sanciones por el delito de feminicidios.
Para los servidores públicos que retrasen o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia en los delitos de feminicidio, la Iniciativa estipula penas que van de los tres a los ocho años de prisión, así como la destitución e inhabilitación de tres a 10 años para desempeñar otro cargo.
La diputada Mónica Lara precisó que, si la víctima de feminicidio se encuentra embarazada, es menor de edad, adulto mayor o cuenta con alguna discapacidad, el delito se sancionará con una pena de 50 a 70 años de prisión.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
Por otra parte, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó la Iniciativa de Decreto para adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de incrementar las penas a quienes cometan homicidio contra periodistas y activistas, que permita sumar en la protección y garantía de la libertad de expresión en la entidad.
La diputada Tonantzin Fernández señaló que la Iniciativa establece de 15 a 30 años de prisión a aquellos que “priven de la vida a quienes representan nuestro derecho humano a la información, así como a la libre expresión”.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para sus análisis y dictaminación procedente.
En otro punto del orden del día, la diputada Nora Merino Escamilla presentó una Iniciativa para adicionar el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de dotar a los municipios de defensorías municipales de Derechos Humanos, que permitan recibir quejas de la población para ser remitidas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Asimismo, se propone dar seguimiento a los municipios para que rinda informes a solicitudes, levantar actas por hechos establecidos en la Ley y que sean considerados como violatorios a los Derechos Humanos.
La Iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la Comisión Permanente dio cuenta de la Iniciativa presentada por el diputado Héctor Eduardo Alonso Granados para reformar y adicionar el artículo 10 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. Así como de la Iniciativa del Diputado José Juan Espinosa Torres para adicionar el artículo 71 del Código Civil del Estado.
De igual manera, la Comisión Permanente dio cuenta del Punto de Acuerdo del Diputado Nibardo Hernández Sánchez, para exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Gobierno del Estado de Puebla, así como a los Ayuntamientos que cuentan con representatividad indígena en la entidad, para que promocionen y modernicen la red de antenas de telecomunicaciones e incluyan a los pueblos indígenas en los beneficios que brindan las tecnologías de la información y comunicación.
Finalmente, en asuntos generales el diputado José Juan Espinosa Torres presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a Carreteras de Cuota Puebla a revisar las condiciones contractuales o incluso rescindir la concesión de las autopistas que en su momento fueron concesionadas por el Ejecutivo del Estado.
Espinosa Torres reiteró la necesidad de “revisar el contrato de las carreteras de cuota, recuperar las autopistas que fueron financiadas con dinero público y garantizar la seguridad inmediata a los usuarios de estas vías carreteras”.
