Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso solicitó rastrear transferencias que los presuntos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública realizaron a la pareja de Manuel Bartlett por un monto equivalente a 120 millones de pesos. El rastreo del dinero se realiza a partir de una demanda civil presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario presuntamente desviados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que un millón 890 mil dólares fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella.
Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett ocupaba una curul como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida, cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario que el exsecretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de los Weinberg.
Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa. Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.
Expedientes de la demanda civil consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Bartlett.
La carta rogatoria fue enviada por la jueza Walsh a solicitud del despacho de abogados que representa a la UIF en la demanda civil. Esto, con el fin de obtener los registros bancarios mexicanos y utilizarlos como prueba de lavado de dinero en el juicio contra los Weinberg en Florida.
La respuesta que la CNBV dio al exhorto de la jueza no está disponible para consulta en los expedientes de la demanda. Sin embargo, el 9 de agosto de 2024, ya durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto a presentar documentos que identificaran el propósito de múltiples transferencias millonarias a Julia Abdalá.
Además, la UIF solicitó a los Weinberg proporcionar copias de cualquier tipo de comunicación que hayan tenido con la pareja de Bartlett respecto a dichas transferencias.
Los depósitos de los Weinberg a Abdalá comenzaron el 13 de julio de 2012, doce días después de que Enrique Peña Nieto ganara las elecciones presidenciales, y continuaron a lo largo de casi todo su sexenio, hasta el 10 de mayo de 2017.
Durante ese tiempo, las empresas de los presuntos prestanombres de García Luna recibieron contratos por cientos de millones de dólares con el CISEN y el OADPRS.
En suma, la pareja de Bartlett recibió nueve transferencias por dos millones 642 mil dólares, equivalentes hoy en día a 72 millones 134 mil pesos.
Los Weinberg realizaron los depósitos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados a dos cuentas que Abdalá tenía a su nombre en Banco Inbursa y en Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera de Galicia, España.
ABDALÁ TAMBIÉN RECIBIÓ DEPÓSITOS EN EMPRESA OFFSHORE
Julia Abdalá también recibió un millón 890 mil dólares de los Weinberg en las cuentas de Roybell International Inc, una sociedad offshore constituida en Panamá en la que contaba con acciones al portador desde el 2012.
En la misma moción presentada el 9 de agosto de 2024, la UIF pidió a los Weinberg presentar documentos que justificaran el propósito de tres transferencias realizadas entre mayo de 2013 y julio de 2014 a Roybell International Inc.
De la misma forma, la unidad dirigida por Pablo Gómez volvió a solicitar a los empresarios que proporcionaran cualquier tipo de comunicación que hayan tenido con Roybell respecto a estos depósitos.
El monto enviado por los Weinberg a la offshore de Abdalá equivale hoy en día a 51 millones 142 mil pesos. Los fondos fueron transferidos desde las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados y depositados a Roybell International Inc en el Union Bancaire Privée, un banco radicado en Suiza, país que es considerado un paraíso fiscal.
Aunque el expediente de la demanda civil no identifica a Abdalá como accionista de la firma panameña, un consorcio de medios reveló en 2021, como parte de la investigación de los Pandora Papers, que era dueña de 10 mil acciones de Roybell International Inc, la cual no contaba con empleados ni oficinas.
De acuerdo con las revelaciones del consorcio, la empresaria poblana seguía manteniendo el control de la compañía en 2017, cuando recibió poderes para comprar bienes, pedir créditos, otorgar préstamos, participar en licitaciones y celebrar contratos con ella.
Incluso, en diciembre de 2017 los directores de papel de Roybell iniciaron trámites para abrir una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust de Bahamas a nombre de la empresa, la cual sería operada de manera individual por Julia Abdalá.
Las transferencias por un millón 890 mil dólares que fueron depositados en las cuentas de Roybell se suman a los 2 millones 642 mil dólares que Abdalá recibió en sus cuentas personales.
En total, los depósitos recibidos por la pareja de Bartlett equivalen a 120 millones de pesos actualmente.
