El decreto emitido por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para asumir el control de la Seguridad en la capital poblana es brutal: El Cartel Jalisco Nueva Generación tiene a la ciudad poblana como uno de sus objetivos.
El diagnóstico en el que sustenta la decisión de tomar las riendas de la Seguridad en la capital poblana no deja lugar a dudas con respecto a la gravedad de la situación en la capital: “lo que permite concluir que la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas en el Municipio, no se encuentran
Garantizados”.
El tema de los mercados municipales (en especial el mercado Morelos) es un verdadero foco rojo para las autoridades estatales porque ahí operan verdaderas organizaciones del crimen organizado:
“a) Es innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados municipales, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos”.
b) Más allá de la incidencia de delitos comunes, se han registrado ejecuciones, cuerpos abandonados, feminicidios, una cifra considerable de robos, lo cual ha generado un contexto de inseguridad, totalmente perceptible para la sociedad y desfavorable a la acción institucional, lo que permite afirmar que la labor de prevención es prácticamente nula”.
El revelador decreto también establece un diagnóstico sobre lo que ocurre en la entidad: “Fuentes de seguridad refieren que Los Zetas y Familia Michoacana, registran operaciones sólidas en los últimos años en Puebla; mientras que Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan.”
El en caso de la ciudad de Puebla el diagnóstico es preocupante: “Puebla Capital, representa uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”, actividad ilícita recurrente en la entidad; de consolidarse esta pretensión, sería una fuerte amenaza a la seguridad pública, al desarrollo económico y el turismo, al maximizarse la violencia, disputa de “plazas”, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local”.
Así de grave es la amenaza sobre la capital poblana.
En este inédito diagnóstico está sustentada la decisión del gobernador, Miguel Barbosa, para tomar el control de la seguridad.
Y todo es tal real que no deja lugar a dudas que urge tomar cartas en el asunto, antes que sea demasiado tarde.
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