El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ahondó en la realidad que persiste en los centros de rehabilitacióno contra adicciones, también llamados anexos, donde la tortura, el secuestro y las prácticas ilegales disfrazadas de buena intención han reventado un sistema que hoy muestra su peor rostro en los casos se asesinato que han ocurrido en varios espacios de la entidad.
«Familiares llevan a anexar a una persona que tiene alguna adicción, pero la llevan sin la voluntad del familiar adicto, y lo que se está cometiendo ahí es un delito», sentenció el mandatario al aclarar que internar a una persona alcohólica o farmacodependiente sin su consentimiento representa una privación ilegal de la voluntad, castigado en el Código Penal poblano con una pena de uno a tres años de prisión.
Miguel Barbosa también se refirió a los métodos con los que muchos anexos pretenden rehabilitar de las drogas a los internos, que no solamente son flagrantes violaciones a los derechos humanos sino que incluso llegan a convertirse en verdaderas torturas, lo cual representa también otro delito, castigado con hasta seis años de cárcel.
Miguel Barbosa reiteró su advertencia de que el gobierno poblano irá por la regulación de estos centros en toda la entidad, en coadyuvancia con los ayuntamientos, de quienes dependen directamente los anexos.
«Lo que tenemos que hacer es una revisión de todos los anexos del estado. Ya tenemos un trabajo avanzado nosotros, con la subsecretaria de Derechos Humanos, y un proyecto de regulación. Los anexos viven en la línea delgada, en el límite entre rehabilitación y centros del crimen».
Gobernador miguel barbosa
La rehabilitación como un jugoso negocio
Sin embargo Miguel Barbosa también puso el dedo en la llaga sobre otro de los aspectos más controvertidos de la rehabilitación en México, pues señaló que gran parte de los anexos o clínicas sólo persiguen un interés económico, y en contraparte cuentan con bajísimos índices de resultados, es decir, generan ganancias sin entregar la recuperación que prometen.
Más aun, hay anexos que en vez de rehabilitar, permiten que los internos consuman estupefacientes a cambio de sobornos, trabajos manuales, o incluso los obligan a mendigar, delinquir con la venta de drogas o incluso, con el robo en sus distintas modalidades.
«Mucha gente que abre anexos son sus negocios. Otros por vocación lo hacen, también hay que decirlo, pero otros son sus negocios. Y después otros han permitido que se conviertan en verdaderos centros del crimen, de ocultamiento de criminales»
Foto: Periódico Central.
