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Por Claudia Aguilar
Ante el regreso del exgobernador Mario Marín al penal del Altiplano, el morenista Alejandro Armenta Mier rechazó que su gobierno tenga alguna injerencia y dijo que respeta los procedimientos del Poder Judicial y las fiscalías.
En su conferencia de prensa de este jueves, fue claro al señalar que es «absolutamente respetuoso de la Ley» y que está enfocado en trabajar por Puebla, sin involucrarse en temas que no son de su competencia.
«Los temas del exgobernador Mario Marín o cualquier ex gobernador no son temas míos, lo digo con mucho respeto, entiendo los temas de estar incidiendo si entra uno, si sale el otro, yo no tengo ninguna opinión al respecto”, declaró.
En esa tónica, señaló que el gobierno estatal “está atento siempre a que la ley se aplique, en el marco del Estado de Derecho”.
Sobre el traslado de Mario Marín de nuevo a la cárcel, el gobernador respondió de manera tajante: “no es asunto mío”, tras afirmar que está consagrado a administrar el gobierno de Puebla.
Mientras que en torno a la postura de la periodista Lydia Cacho, quien ganó la apelación para el cambio de medidas cautelares a Marín, Alejandro Armenta aseveró que es respetuoso.
“Con respeto al tema de Lydia Cacho, nosotros somos absolutamente respetuosos de la ley y los procedimientos legales que haya sobre la actuación de cualquier autoridad son competencia del Poder Judicial y de las fiscalías”, apuntó.
Esto luego de que la también escritora, célebre por el libro Los demonios del Edén, celebró que un juez haya concedido una solicitud de sus abogados para que el exgobernador poblano regresara a la prisión.
El exmandatario del PRI estuvo menos de siete meses en prisión domiciliaria que le concedió en agosto de 2024 la jueza penal Angélica del Carmen Ortuño Suárez por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho.
Hasta que esta semana el tribunal colegiado de apelación del vigésimo séptimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, revocó la medida, debido a que los magistrados consideraron que existe riesgo de fuga, además de que valoraron la gravedad de los hechos imputados.
