Revive el caso Lidya Cacho, 12 años después 

Tonatiuh Muñoz Aguilar

El 14 de febrero de 2006, el periódico «La Jornada» publicó en su primera plana una nota informativa que bajo el título «Al descubierto, conjura en contra Lydia Cacho», revelaba información sobre una serie de llamadas telefónicas que involucraban al gobernador de Puebla en ese entonces, Mario Marín Torres y un poderoso empresario textilero, Kamel Nacif Borge.

La noticia provocó un escándalo internacional que hizo tambalear la administración de Marín Torres y evidenció la corrupción existente en los poderes ejecutivo y judicial más el contubernio entre parte del empresarido y el gobierno para torcer la justicia a favor de unos cuantos.

Todo se originó por la publicación de Cacho del libro «Los demonios del Edén», que denunciaba la complicidad entre políticos y el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, pederasta consumado que acostumbraba organizar orgías en Quintana Roo a la que asistían adolescentes impúberes.

En ese texto se menciona a Kamel Nacif, un industrial también de origen libanés asentado en Puebla, estado donde mantenía fábricas de pantalones de mezclilla lo que llevaron a acomodarle el mote de «El Rey de la Mezclilla» y donde Lydia Cacho fue denunciada por este último bajo los delitos de difamación y calumnias.

Por estas acusaciones Cacho fue capturada por empleados de Kamel Nacif y policías judiciales, quienes actuaron bajo la consigna de la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y luego de que la jueza Rosa Celia Pérez González obsequiera una orden de aprehensión en su contra. Ellos trasladaron a la periodista desde Cancún hasta Puebla a través de un viaje de más de 20 horas en los que la sometieron a tortura psicológica.

Más de 12 años después, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), falló de manera inédita a favor de Lydia Cacho y en contra del Estado Mexicano por lo que consideró una serie de violaciones graves a sus derechos humanos que de acuerdo con Jan Jarab, representante en México de la ONU, se desarrollaron en seis dimenciones contra la periodista.

Estas dimensiones fueron la tortura a la que fue sometida la periodista, la violencia de género ejercida contra ella por el comandante José Montaño de la Policía Ministerial -entonces Policía Judicial -, la discriminación y evidente atentado contra la libertad de expresión de Cacho, así como la impunidad y detención arbitraria de la que fue víctima, ya que aunque el caso finalmente llegó a la Suprema Corte, ésta determinó que no existieron violaciones graves contra la autora.

El libro que desencadenó todo

«Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil», apareció publicado en 2005 bajo el sello de la editorial Grijalvo y en éste la autora menciona emblematicamente el caso de Edith Encalada, quien sería la víctima más representativa y polémica del caso Jean Succar Kuri, además de inscribir los nombres de al menos dos políticos mexicanos, Miguel Ángel Yunes Márquez, actual gobernador del estado de Veracruz y Emilio Gamboa Patrón, líder de los senadores priístas en la legislatura que agoniza.

Básicamente, «Los demonios del Edén» describe el proceso que prosigió a la denuncia presentada por Edith Encalada en el año 2004, la misma que puso en evidencia la existencia de un «viejo sucio» de la zona turística de Cancún al que le gustaba tener relaciones sexuales con niñas y adolescentes y quien frecuentemente organizaba fiestas de ese tipo en su hotel Solymar de aquella ciudad quintanarroense.

De aquél caso se desprende la transmisión de un video en «Primero Noticias», el programa matutino conducido por Carlos Loret de Mola, en el que gracias a la colaboración de Encalada quien grabó de forma secreta, se puede observar a Gloria, la mujer de Succar Kuri, revelar que al libanés le gusta tener sexo con niñas de hasta 5 años y que a ella la conoció siendo una adolescente.

Según declaraciones de la propia Lydia Cacho, el libro fue escrito con la finalidad de cerrar un capítulo de su vida luego de que autoridades estadounidenses detuvieran al pederasta y mantuvieran en ese entonces abierto el proceso de extradición hacia México, donde finalmente fue condenado a más de 100 años de cárcel.

Es evidente que la periodista abrió más bien un capítulo que hasta la fecha no ha podido cerrarse, pues cuando parece que ya no hay una instancia más elevada que pueda pronunciarse al respecto, aparece una nueva noticia que lo revive y pone el dedo en el renglón sobre la impunidad reinante en México.

Así lo señaló la ONU este pasado 8 de agosto cuando remarcó que de todos los implicados en la detención y tortura de Cacho Ribeyro, sólo fue castidado el comandante José Montaño a una mediana condena de seis años de prisión.

Porque en ese libro también se menciona a Kamel Nacif, el empresario textilero a quien se acusa de tener relaciones sexuales con niños y quien recurrió a su cercanía con el gobernador Mario Marín, a cuya campaña política contribuyó presuntamente a través de recursos económicos que le permitían pedirle un favor de tal tamaño como «darle un coscorrón» a una destacada periodista.

Los audios que volvieron famoso al «precioso»

De acuerdo con una columna del periodista Mario Alberto Mejía, antes de las 5 de la mañana de aquel 14 de febrero de 2014, Enrique Montero Ponce, conductor de un noticiero emblemático en la estación «Tribuna Radiofónica» de Puebla y viejo decano del periodismo en la entidad, le llamó a Mario Marín para advertirle que en la edición de «La Jornada» de ese día aparecía una nota que pronosticaba un mayúsculo escándalo para su administración incipiente.

Tenía unos días que Marín Torres había presentado su Primer Informe y en los círculos políticos ya se hablaba del «empuje» del gobernador originario de Nativitas Cuautempan a quien incluso unos aventuraban como un aspirante natural a la silla presidencial de México. El gobernador dio la orden de comprar toda la edición de La Jornada en Puebla y muy pocos en el estado tuvieron la oportunidad de leer la noticia de forma impresa.

Pero con la edición digital nada pudieron hacer los personeros de Marín y hacia las 11 de la mañana en casi todos los espacios radiofónicos nacionales se había ya comentado al aire el explosivo contenido de la página en internet de La Jornada donde se insertaron audios en los que se escuchaba en primera instancia a Kamel Nacif Borge y en segunda al gobernador de Puebla.

En ellos y con lenguaje vulgar, expresiones misóginas y un tono de voz entre malévolo y desagradable, Marín y Nacif exhibían parte del acuerdo que establecieron hacia finales del año pasado cuando Lydia Cacho fue trasladada de Cancún a Puebla por policías judiciales, torturada por éstos y finalmente encarcelada en el CERESO de San Miguel, donde estuvo a punto de ser violada y liberada finalmente tras pagar una exorbitante fianza y luego de la intervención de personajes como Loret y la senadora Lucero Saldaña.

Frases como «el héroe de la película, papá», » mi gober precioso», «se sienten Dios en el poder» o «ya le mandé a dar un coscorrón a esa pinche vieja cabrona» trascendieron al lenguaje popular y se convirtieron en símbolos que hasta la fecha son utilizados por todos quienes recuerdan el caso.

En estos audios que según La Jornada llegaron de manera anónima en dos discos compactos directamente hasta el escritorio de la reportera Blanche Petrich, se escuchan al menos seis voces: las de Kamel Nacif, Mario Marín, el empresario Louis Ángel Casas, un argentino identificado como Richard a quien Nacif narra cómo ha ordenado a un amigo que controla las textileras de la cárcel que pague a una presa para que viole a Cacho, la de un francés identificado como Hubert y la de un libanés identificado como Hanna.

En ellos se transparenta el desprecio que sienten algunos políticos contra la prensa y la rendición de cuentas, el teje maneje de la procuración de justicia en el sistema mexicano e incluso los posibles sobornos con los que el textilero comprometió la voluntad de la jueza Rosa Celia Pérez, a quien aparentemente le regalaron un viaje a Las Vegas a cambio de que firmara la orden de aprehensión.

El escándalo que sacudió a Puebla

Nunca en la historia política del estado un gobernador había sido acusado de manera tan contundente de delitos tan graves. Después del mediodía de ese 14 de febrero un grupo muy grande de reporteros solicitaba una declaración urgente de Marín Torres y para la mañana del 15 más de cien corresponsales, enviados especiales y periodistas locales correteaban al gobernante para que expresara una postura oficial.

Desde su primera declaración, el gobernador poblano calificó la nota de La Jornada como «chismes» y se desligó de tal entuerto asegurando que no se trataba de su voz. Al día siguiente fue entrevistado en horario estelar por Joaquín López Dóriga ante quien cayó en una serie de contradicciones que le pusieron todavía más en una posición insostenible.

En la entrevista, «El Teacher» puso al gobernador contra las cuerdas y a partir de entonces todo México se refirió de Mario Marín como «el gober precioso». En Puebla se desarrollaron marchas a favor y en contra de Marín Torres: las primeras protagonizadas por empleados del gobierno estatal y «acarreados», las segundas fueron multitudinarias, inéditas e hicieron creer que el mandatario no podría mantenerse por mucho tiempo en el cargo.

En la Cámara de Diputados se solicitó la renuncia de Marín y el caso llegó finalmente a la Suprema Corte. Por mayoría de seis contra cuatro, los ministros de la Suprema determinaron después de una histórica sesión de tres días que no existían elementos suficientes para acreditar el abuso de poder del gobernador de Puebla a quien según este mismo fallo, no se le respetó su garantía de audienca.

Aunque el Máximo Tribunal de México desestimó la denuncia de Lydia Cacho contra el gobernador poblano las consecuencias para este último fueron grandes. A partir de entonces se «ocultó» en el interior del estado sin casi dar entrevistas a la prensa y su imagen no se recuperó, a tal grado que una vez fue corrido de un restaurante por ciudadanos que lo abuchearon.

El caso también repercutió en la campaña presidencial de aquel año pues el entonces candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, se comprometió públicamente a castigar en caso de salir victorioso a Mario Marín y Kamel Nacif, cosa que desde luego no cumplió.