La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la llamada Ley de Ciberasedio en el estado de Puebla, al considerar que su redacción era ambigua y contraria a principios constitucionales como la legalidad y la libertad de expresión.
Durante la sesión del pleno, la mayoría de los ministros resolvió invalidar el artículo 480 del Código Penal del estado, al argumentar que los términos utilizados en la norma —como “vigilar”, “hostigar” o “intimidar” a través de medios digitales— carecían de precisión jurídica. Esto, señalaron, generaba un riesgo real de interpretación arbitraria por parte de las autoridades y, en consecuencia, posibles abusos en su aplicación.
La legislación, aprobada en 2025, buscaba sancionar conductas relacionadas con el acoso digital, estableciendo penas de hasta tres años de prisión. No obstante, la Corte determinó que, aunque el objetivo de combatir la violencia en entornos digitales es legítimo, las leyes en materia penal deben ser claras, específicas y estrictas para evitar afectar derechos fundamentales.
La acción de inconstitucionalidad que dio origen a esta resolución fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que advirtió que la norma podía inhibir la libre expresión en redes sociales y generar un efecto de autocensura entre la ciudadanía.
En su análisis, las ministras y ministros coincidieron en que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas frente al acoso digital; sin embargo, subrayaron que dicha protección no puede lograrse a costa de vulnerar derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad jurídica.
Asimismo, la resolución establece que la invalidez del artículo tendrá efectos generales, lo que significa que dejará de aplicarse en todo el territorio poblano. Además, podría beneficiar a personas que hayan sido investigadas o sancionadas bajo esta disposición, al abrir la puerta a la revisión de sus casos.
El fallo de la SCJN marca un precedente relevante a nivel nacional en la discusión sobre la regulación del entorno digital, en un contexto donde cada vez es más urgente atender fenómenos como el ciberacoso, pero bajo marcos legales sólidos y respetuosos de los derechos humanos.
Tras la resolución, se espera que el Congreso de Puebla analice la creación de una nueva legislación que atienda la problemática del acoso en línea, pero con una redacción más precisa que cumpla con los estándares constitucionales establecidos por el máximo tribunal del país.
