Este 9 de julio se cumplen siete años de que un menor de edad, cuyo nombre era José Luis Tehuatlie Tamayo, murió a causa de la represión policiaca ejercida por el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien ordenó dispersar de forma violenta una manifestación en las inmediaciones de la Autopista a Atlixco.
El motivo de la protesta fue la falta de registro civil en esa junta auxiliar perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, producto a su vez de una reforma enviada por Moreno Valle al Congreso, mediante la cual eliminó ese servicio fundamental en todas las juntas auxiliares del estado, argumentando supuestos abusos.
De la noche a la mañana, cientos de juntas auxiliares se quedaron sin la posibilidad de realizar los trámites del registro civil, con las incomodidades que les suponía trasladarse a la cabecera municipal, algunas de ellas ubicadas hasta a dos horas de distancia.
Bajo ese contexto, los pobladores de Chalchihuapan, agrupados bajo la tutela de Antorcha Campesina -organización con gran presencia en Ocoyucan -marcharon sobre la Autopista a Atlixco rumbo a la caseta del mismo nombre, bloqueando ambos carriles por varias horas.
La forma de ejercer el poder de Moreno Valle siempre se caracterizó por reprimir la protesta social y hacer valer la ley a costa de «manotazos sobre la mesa», para demostrar a los pobladores quién era el que mandaba en Puebla. Así que ante la reticencia de los inconformes por desbloquear la autopista, el exmandatario dio la orden de que los retiraran al costo que fuera.
El secretario de Seguridad Pública en ese entonces era Facundo Rosas Rosas, personaje ligado al hoy preso Genaro García Luna y quien también se caracterizaba por ejercer una «mano de hierro» cuando los brotes de ingobernabilidad surgían en el territorio.
Así que de un momento a otro, la Autopista a Atlixco se convirtió en un campo de batalla en el que por un lado, los antorchistas lanzaban cohetones y piedras en contra de la Policía, mientras que del lado del gobierno se dispararon presuntas balas de goma que la administración morenovallista siempre negó que existieran.
Es en este punto donde la historia no cuenta con certezas sobre cuál fue el objeto que lastimó severamente a un menor de 13 años que se encontraba en medio de la manifestación, pues regresaba de la secundaria rumbo a su casa, en Chalchihuapan.
El dictamen que meses más tarde hizo la CNDH, determinó que fue un objeto contundente lanzado por los uniformados -tal vez una granada de humo disparada como proyectil a los quejosos y no hacia el piso para dispersarlos -el que golpeó en la cabeza a José Luis Tehuatlie Tamayo, causándole lesiones cerebrales que provocaron su posterior muerte en el hospital.
La injusticia que sufrió la familia del menor no se constriñó únicamente a la pérdida de la vida de José Luis, sino que en los días y meses siguientes, Elia su madre, su abuelita y otros pobladores de Chalchihuapan, se convirtieron en víctimas de la más descarnada represión gubernamental por parte de los emisarios del gobierno morenovallista, quienes intentaron deslindar a toda costa a la administración poblana y buscaron culpar a la madre por lo que le pasó a su hijo.
Contra los líderes de Antorcha que encabezaron la manifestación también se ejercició violencia posteriormente, pues algunos incluso fueron encarcelados. El gobierno de Moreno Valle negó en todo momento cualquier tipo de responsabilidad y hasta la finada Martha Erika Alonso mostró su rostro más inhumano cuando meses después mandó correr a Elia Tamayo de un evento público organizado por las Naciones Unidas.
Promete Barbosa que no habrá impunidad
A siete años de distancia, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que no terminará su administración sin que exista justicia para José Luis Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida en una manifestación violenta durante el sexenio morenovallista.
A través de su videoconferencia de prensa, Barbosa hizo un pronunciamiento «como lo hace cualquier ciudadano poblano de buena fe», para que no quede impune la muerte del menor de 13 años, a quien la represión policiaca de 2014 privó de la vida.
«Sabemos quiénes son los responsables. Sabemos quiénes orquestaron toda esta confabulación jurídica para exculpar a los responsables de estos hechos. No se termina mi gobierno sin que apliquemos la ley en este tema«, dijo el actual gobernante.
Tonatiuh Muñoz Aguilar.
