Académicos de la IBERO Puebla manifestaron su preocupación ante la privación de la libertad de personas en movilidad internacional forzada y otros abusos por parte de autoridades mexicanas. Los ilícitos quedaron documentados tras múltiples visitas de monitoreo a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla y Tlaxcala.
De un total de 45 casos registrados entre agosto y septiembre de 2021, al menos a un 60% de las personas detenidas los agentes del INM no les mostraron una identificación oficial con fotografía, ni les explicaron el motivo de la revisión o mostraron la orden que autorizaba el operativo. En promedio, las personas fueron detenidas por 38 días (el máximo registrado es de 139) en condiciones inadecuadas y sin acceso a asesoría legal pertinente.
Así se recupera en el informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) y el Departamento de Ciencias Sociales, ambos de la IBERO Puebla.
Como aseguró la Mtra. Rosario Arrambide González, el objetivo de la investigación es exigir el respeto y la garantía de los derechos de las personas que habitan los centros migratorios, especialmente en tiempos en los que se ha observado elendurecimiento de las medidas de detención. Para la directora del IDHIE, esta medida “debería ser una excepción y no la regla”.
Nueve de cada diez personas detenidas en México son del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras. De acuerdo con cifras oficiales del INM, entre enero y agosto de 2021 se registraron aproximadamente 148,900 eventos de “extranjeros presentados ante la autoridad migratoria” en toda la República mexicana. De estos, 3,500 ocurrieron en Puebla y 6,900 en Tlaxcala, lo que equivale a un promedio récord de 1,300 detenciones al mes.
Los académicos identificaron que las personas migrantes detenidas por INM se encuentran recluidas en contra de su voluntad y hacinadas en espacios precarios y de alto riesgo de contagio a la COVID-19, mismos que precisaron “pueden ser considerados también como entornos torturantes”. Además, “en todos los casos se observa que la detención migratoria ocurre de manera violenta con muy poca o nula orientación jurídica”.
Al respecto, el Dr. Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios del IDHIE, recalcó la importancia deconsiderar alternativas a la detención que no priven de la libertad por periodos prolongados y que ofrezcan condiciones dignas para las personas en movilidad. “Nos preocupa la falta de protocolos para el uso de la fuerza”.
En Vidas en contención se analizan datos estadísticos y testimonios de personas en movilidad internacional que han sido blanco de diversos abusos y violaciones de sus derechos. Entre los casos más preocupantes destacan el de tres personas del Caribe que pasaron más de 80 días esperando refugio en la estación migratoria de Tlaxcala y el de una niña centroamericana de 12 años que llevaba dos meses y seis días detenida en Puebla sin ningún familiar presente.
Infancias, familias y mujeres son grupos particularmente vulnerables. De acuerdo con lo rememorado por la Dra. Elena Ayala Galí, coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, cuatro mujeres embarazadas se encontraban detenidas en un espacio de oficina con condiciones sanitarias eran deplorables y las visitas médicas eran raquíticas.
Cultura de criminalización
Nacido con Donald Trump y reactivado con Joe Biden, el paradigma migratorio estadounidense ha provocado que las personas en movilidad con destino a la Unión Americana se topen con el cierre total de fronteras. El argumento de la COVID ha hecho posible justificar el programa de “protección” al migrante que busca retener en México a todas las personas que viajen a Estados Unidos en búsqueda de asilo. La realidad en tierras mexicanas, como constatan los testimonios, es inhumana.
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La política de contención migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador antepone prácticas de militarización y seguridad nacional por encima de la dignidad humana.
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Desde su quehacer fronterizo, el Dr. Jeremy Slack, investigador de la Universidad de Texas en El Paso, consideró fundamental contar con un diálogo binacional para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. La disuasión del proceso migratorio a través de la militarización, observó, es una práctica gestada en Estados Unidos que ha sido replicada por el Gobierno mexicano en tiempos recientes.
La IBERO Puebla entiende que las migraciones se relacionan directamente con la globalización económica que privilegia el movimiento de capital, pero no de las personas. Como sintetizó la Dra. Nadia Castillo Romero, directora de Ciencias Sociales: “Es nuestra incidencia universitaria la que se ve reflejada en este informe y da una serie de sugerencias para que las distintas instancias del sector público y social atiendan esta problemática”.
