Dicen los que Saben que el Museo Internacional del Barroco (MIB) pasará oficialmente a ser propiedad del Gobierno Estatal a partir del 23 de junio.
Lo que hace unos años parecía una carga impagable, fue presentado por el Gobernador del Estado, como una victoria política y financiera.
Y no es para menos, este movimiento podría marcar un antes y un después en la gestión de las finanzas públicas del estado.
Con un pago anticipado de 2 mil millones de pesos, la administración de Armenta asegura que ha logrado lo que parecía improbable: romper el candado de una deuda heredada que comprometía al estado a desembolsar cerca de 10 mil millones de pesos hasta 2039, bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) altamente cuestionado desde su origen.
Este movimiento no sólo representa un ahorro de 8 mil millones de pesos —una cifra que cualquier gobernante presumiría con razón—, sino que también deja en evidencia los excesos y errores de administraciones pasadas, que convirtieron la arquitectura vanguardista del MIB en una caja registradora eterna para intereses privados.
La operación, sin embargo, no está exenta de lecturas políticas.
Armenta, en el inicio de su gestión, busca posicionarse como un líder que no teme revisar el pasado, tomar decisiones de fondo y resolver problemas estructurales sin temor a tocar intereses.
Es, en el fondo, una jugada doble: financiera y simbólica.
Queda por ver si este tipo de acuerdos se traducirá también en una revisión crítica de otros contratos leoninos que siguen vigentes en Puebla.
Hoy el Museo del Barroco vuelve a manos del pueblo, pero el verdadero reto será convertirlo en un espacio cultural vivo, no en una victoria de papel.
Si el Gobernador logra que esta operación no sea sólo una anécdota financiera, sino un nuevo modelo de administración pública más transparente y eficiente, entonces no sólo habrá recuperado un museo. Habrá recuperado también parte de la confianza ciudadana en la política ¿O no?
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