Un nuevo intento por “regular” el ejercicio periodístico en Puebla

La propuesta del diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, para “regular” el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el estado, constituye un intento más de censurar a la prensa.
Anteriormente, ya habían intentado lo mismo otros legisladores e incluso gobernantes en el estado. El caso más llamativo es el del finado Rafael Moreno Valle Rosas, quien intentó en 2012 hacer pasar una ley que penalizaba aquellas piezas periodísticas que pudieran “herir los sentimientos” de los políticos.
Sin embargo, como en aquellas ocasiones, la propuesta de Andrés Villegas parece estar destinada al fracaso, o bien a la congeladora, pues ya el propio gobernador Alejandro Armenta se ha pronunciado en contra de la iniciativa.
En los pasillos periodísticos comienza a llamarse a la Ley Villegas como “Ley Belinda”, pues parece claro que se trata de una respuesta del legislador, para “hacerle el paro” a su amigo y coordinador del gabinete estatal, quien recientemente ha estado en el ojo público debido a su incipiente relación sentimental con la cantante Belinda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta en este sentido con un precedente importante. Se trata del Amparo Directo 3/2011, en el que el Máximo Tribunal de justicia de nuestro país (ahora tan defenestrado), señaló que las figuras públicas tienen menor resistencia a la vida privada, y en aquel entonces (2011), la Suprema se refería nada menos que al caso Lydia Cacho.
Luego de la serie de críticas y ataques que han venido de todos lados, incluyendo medios nacionales, especialistas y profesionales de la comunicación, el diputado Andrés Villegas no da su brazo a torcer y afirma que su iniciativa sigue en pie, aunque admite que podría ser susceptible a modificaciones.
La realidad es que dicha ley se convertirá en un aborto, pues no pasará más allá de las comisiones del Congreso del Estado, donde el resto de sus compañeros de bancada sin duda no le seguirán el juego, a sabiendas de que su proyecto no sólo vulnera un derecho fundamental consignado en el artículo sexto constitucional, sino que además implicaría poner en su contra a todo el gremio periodístico poblano.