Por Mónica Franco
Hoy tuve un déjà vu.
Hace treinta años esperaba en Atlixco los autobuses Erco para viajar a Puebla. Ya entonces eran viejos, sucios, insuficientes y caros. Tres décadas después volví a una parada y, por un momento, sentí que el tiempo no había pasado.
Sólo que yo ahora ya tengo algunas arrugas y canas.
Esta mañana un operativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte contra las camionetas de Palalia’s Tours, que trasladan pasajeros entre Atlixco y Puebla de manera irregular, terminó por desnudar un problema mayor: cuando retiras el transporte irregular sin garantizar una alternativa suficiente, segura y digna, la legalidad puede terminar castigando a quienes pretendía proteger.
No discuto que la autoridad deba poner orden. Debe hacerlo.
Lo que pongo en duda es: ¿por qué somos implacables con quienes operan fuera de una concesión y durante décadas hemos sido tolerantes con quienes, protegidos, ofrecen servicios deficientes?
Una concesión no debería ser un título nobiliario.
Mientras el conflicto paralizaba Atlixco y congestionaba la Vía Atlixcáyotl, las mujeres comenzamos a resolver el problema como solemos resolver muchos: entre nosotras.
En una parada de Atlixco nos organizamos para pedir un Uber. Los precios superaban los 200 pesos más los 60 de caseta. Encontramos a un conductor que nos cobró 50 pesos a cada una, pero para evitar la caseta nos dejó antes de la plaza de cobro.
Caminamos cerca de un kilómetro entre automóviles, mirando el reloj porque todas llegábamos tarde a trabajar.
Pero la preocupación era otra:
—¿Y cómo regresamos en la noche?
Esa pregunta explica por qué la movilidad también es un asunto de género.
Las mujeres realizamos trayectos más fragmentados por los trabajos de cuidado: vamos al empleo, llevamos hijos, acompañamos personas mayores, hacemos compras, acudimos a consultas y regresamos a cuidar a alguien. Un transporte deficiente nos cobra en dinero, pero también en tiempo, oportunidades, seguridad y autonomía.
Llegando a Puebla, los taxis cobraban hasta 180 pesos para llegar al Centro Histórico y los autobuses iban atestados.
Subí a uno. En medio del hacinamiento, un hombre aprovechó para rozar deliberadamente mis glúteos. Me volteé y le exigí que se apartara.
Ese es también el costo invisible de una movilidad deficiente: caminar entre automóviles, pagar más, llegar tarde, viajar hacinadas y vigilar nuestros cuerpos para que ningún desconocido crea que una multitud le concede permiso para tocarnos.
Puebla ha impulsado políticas contra el acoso sexual y capacitación con perspectiva de género. Bienvenidas sean. Pero una movilidad segura comienza antes del violentómetro pegado en una unidad: empieza garantizando transporte suficiente, digno y seguro.
Y entonces volvemos a las concesiones.
El Gobierno del Estado ha emprendido un proceso para ordenar el transporte y revisar permisos. Ese camino debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Pero ordenar no puede significar únicamente perseguir al irregular; también significa exigirle al regular.
Quien presta un servicio público debe demostrar capacidad técnica y financiera: unidades suficientes y dignas, renovación, mantenimiento, seguros vigentes, operadores capacitados y frecuencias acordes con la demanda.
Y aquí aparece una pregunta incómoda: si durante años un concesionario argumenta que no puede renovar sus unidades porque el costo de los vehículos, combustible y mantenimiento hacen poco rentable el negocio, ¿por qué conservar la concesión?
¿De qué sirve un permiso legal si las unidades son indignas o las corridas insuficientes? ¿Qué debe proteger el Estado: el negocio de quien explota una ruta o el derecho de la ciudadanía a transportarse?
Entre Atlixco y Puebla la distancia es relativamente corta. La caseta cuesta 60 pesos, pero trasladarse todos los días puede convertirse en una pérdida económica para quienes trabajan o estudian del otro lado.
Yo terminé mudándome a Puebla hace años, entre otras razones, porque viajar diariamente desde Atlixco se convirtió en un suplicio. Pero miles de personas no pueden resolver una deficiencia de política pública cambiando de domicilio.
Treinta años después, no quiero seguir esperando el mismo autobús.
No basta desaparecer camionetas irregulares para regresar a los usuarios a un sistema insuficiente.
La pregunta ya no debería ser solamente quién tiene permiso para transportar personas, sino quién merece conservarlo.
Porque esta mañana el operativo terminó.
Pero las mujeres que estaban conmigo mañana volverán a salir al mismo suplicio.
