José Luis García Parra exhibe una presunta red de empresas vinculadas con contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos y acusa doble moral de quienes cuestionan las investigaciones.
El Gobierno de Puebla cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las investigaciones sobre la presunta “mafia electoral”, una red de empresas señaladas por posibles irregularidades en contrataciones de materiales y servicios para organismos electorales, cuyo monto acumulado ascendería a 2 mil 740.3 millones de pesos.
En representación del gobernador Alejandro Armenta, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, respaldó la decisión de la mandataria federal de investigar los presuntos actos de corrupción y lanzó un señalamiento directo contra la oposición, a la que acusó de manejar un discurso de doble moral al cuestionar hechos cuyos antecedentes, sostuvo, se remontan a gobiernos anteriores.
Durante su exposición ante medios de comunicación, García Parra presentó una cronología de 27 años sobre la evolución de un grupo empresarial que habría operado mediante al menos seis compañías relacionadas, algunas señaladas como posibles empresas fachada y factureras.
El funcionario puso sobre la mesa los antecedentes de estas contrataciones desde 1999, incluido un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005 que derivó en cuestionamientos y renuncias de consejeros electorales, así como adjudicaciones posteriores en distintas entidades del país.
También cuestionó las versiones que pretenden vincular el origen de la trayectoria institucional de Guadalupe Taddei con la Cuarta Transformación, al recordar que fue designada consejera electoral en Sonora en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el entonces Instituto Nacional Electoral, y que llegó a la presidencia del organismo nacional en 2023 mediante insaculación.
Puebla también entra en la revisión
García Parra reveló que en Puebla se identificaron contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que en los ejercicios 2024 y 2025 se registraron otros 129.7 millones de pesos. En conjunto, representan 179.1 millones de pesos que deberán ser revisados por las instancias correspondientes.
El tema tomó mayor relevancia luego de que Sheinbaum informara que la investigación partió de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, a partir de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
Ante este escenario, el Gobierno de Alejandro Armenta anunció que respaldará las investigaciones sin excepciones y promoverá que se hagan públicos integralmente los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE), además de reiterar su respeto a la autonomía de las autoridades electorales.
El coordinador de Gabinete también destacó que la administración estatal ha separado a 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.
Con este posicionamiento, el gobierno poblano coloca el combate a la presunta corrupción electoral en el centro de su agenda política y respalda la exigencia federal de esclarecer los contratos, identificar posibles responsables y transparentar el uso de los recursos públicos, en la antesala de las elecciones del 6 de junio de 2027.
