Desde su campaña Andrés Manuel López Obrador, habló sobre implementar la Ley de Austeridad Republicana en toda la administración pública federal, para que ningún funcionario público, incluidos secretarios de Estado, cuenten con escoltas o vehículos blindados.
Por lo que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa propuesta por el presidente electo de México, en la iniciativa de ley, que consta de 13 artículos, describe que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.
Se busca que todos los secretarios de Estado que no sean de seguridad, no tengan escoltas y sólo gozarán de este beneficio cuando esté plenamente justificado para que no haya privilegios indebidos.
Por otra parte sin tocar sus “bonos legislativos” que ascienden a 74 mil 558 pesos, ni sus salarios que son de 73 mil 764 pesos al mes, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados anunciaron solamente la cancelación de los seguros de vida institucional, de gastos médicos mayores, y de separación individualizada, y el fondo de ahorro de los 500 diputados, que asciende mensualmente a 36 mil 723 pesos.
Sin embargo, en conferencia de prensa, Mario Delgado Carrillo aseguró que habría una reducción de 28% en la remuneración mensual de los diputados y ejemplificó que en la pasada 63 Legislatura los representantes ganaban al mes, con dieta y prestaciones, 128 mil 230 pesos, y para la actual solamente ganarán mensualmente 91 mil 507 pesos.
Establece que todos los servidores públicos de la Federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. También se busca eliminar los “haberes de retiro” y regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales.
Señala que los vehículos sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
En cuanto a viajes oficiales, sólo se autorizarán, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los que resulten estrictamente necesarios y “queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte”.
