El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso local una iniciativa para regular los centro de rehabilitación contra adicciones (también llamados anexos) que contempla penas de entre uno a cuatro años de prisión y multas de 4 mil 831 a 19 mil 324 pesos a quien no cumpla con la normatividad establecida.
Entre las reglas que deberán seguir quienes operen estos establecimientos, se encuentran que el personal debe actuar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, así como la capacitación constante de todos quienes laboran en esos centros.
El personal también deberá contar con cédula y título profesionales como médica o médico, psicóloga o psicólogo, psiquiatras y, en su caso, certificados de especialización vigente en materia de salud mental, expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, mismas que deberán estar a la vista, con la finalidad de que el usuario corrobore que son especialistas en la materia de salud mental y adicciones.
Durante su videoconferencia de prensa de este viernes, Miguel Barbosa especificó que la iniciativa también contempla que sólo la autoridad estatal podrá emitir permisos de funcionamiento para estos centros de rehabilitación, y ya no los ayuntamientos en los municipios, como sucedía hasta ahora.
Desde mayo de este año el mandatario estatal anunció la regulación de los mismos, al denunciar que en estos lugares había privación ilegal de la libertad, tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
La iniciativa se encuentra ahora en la cancha de los diputados.
Tonatiuh Muñoz Aguilar.
