Con la finalidad de homologar la legislación estatal con las disposiciones federales, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres presentó iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, donde, en primera instancia, se establezca que ninguno de ellos, en los tres órdenes de gobierno, puede ganar más que el presidente de la República.
Por ello y para evitar que el Congreso del Estado incurra en lo que la reciente doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado “omisión legislativa”, al tiempo de precisar que con esta ley y con la reforma constitucional que antecede a este punto, se pretende que, como sucede a nivel federal, nadie gane más que el titular del Ejecutivo del Estado.
Que los principios rectores para establecer remuneraciones sean: la Anualidad, equidad, reconocimiento, legalidad y la transparencia y la rendición de cuentas. Además, propone la iniciativa que quienes desempañan cargos de elección popular, no sean sujetos de liquidación.
También se pretende evitar que se concedan ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Será la Auditoría Superior del estado la que emita los procedimientos sancionatorios correspondientes.
Esta medida se aplicará también a los consejeros del Instituto Electoral del Estado, sí como del Tribunal Electoral.
PIDEN A FGE INFORME SOBRE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE AARÓN VARELA
Por otra parte, el también presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo en el que se solicita a la Fiscalía, un informe pormenorizado sobre las investigaciones del asesinato en contra de Aarón Varela, ocurrido en junio de 2008 y quien sería el candidato a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan.
Refirió que, de acuerdo con un informe de la consultoría Etellekt, 132 políticos fueron asesinados durante el proceso electoral 2017-2018.
Los estados con más homicidios de políticos fueron Oaxaca y Guerrero, con 26 cada uno, seguido de Puebla con 13.
Los ataques y homicidios políticos se concentraron en el ámbito municipal, 26 de nivel estatal y sólo uno federal.
Además de homicidios, el informe del Centro de Investigación y Docencia Económica también reportó 416 agresiones de otro tipo, entre las que se encuentran intentos de homicidio y lesiones con arma de fuego, secuestros, asaltos, amenazas y agresiones físicas. Además, en el proceso, han sido asesinados 50 familiares de políticos.
Los conflictos en el municipio de Santa Clara Ocoyucan comenzaron en 2010 cuando después de más de 80 años llegó la alternancia política, en el subsecuente gobierno Francisco Cimarrón Ocotoxtle fue encarcelado mediante un proceso irregular y mediante una negociación entre Antorcha campesina y el Gobierno de Rafael Moreno Valle para permitir que el suplente miembro de esta organización asumiera la presidencia municipal.
En la elección del presente año de acuerdo con Consejo Local del INE más de 70 casillas fueron quemadas en la entidad, dos de ellas en el municipio de Ocoyucan lo que motivó la nulidad de la elección.
Considerando que en el proceso electoral que no ha terminado en el municipio de Ocoyucan el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Aarón Varela Martínez fue asesinado a sangre fría cuando regresaba de una reunión en el Comité Directivo Estatal de MORENA.
Del día de su homicidio en mayo pasado al día de hoy no han sido esclarecidos los móviles ni se han encontrado culpables, poco parece importar a la Fiscalía el esclarecer el crimen y poco interés parece existir en averiguar al grupo que de facto ha controlado la vida pública de Santa Clara Ocoyucan.
