La organización ARTICLE 19 presentó ‘Negación’, su más reciente informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México en el que se concluye que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.
Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión.
Refirió que durante este periodo se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia matutina donde la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar.
Como ejemplo refirió que las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y, en un 3% señaló que se había declarado la inexistencia de la información.
Conforme a la estigmatización a la prensa el informe refiere que durante las conferencias matutinas. por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa.
Persiste la violencia contra la prensa
Como parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, se expuso que durante 2021 la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. ARTICLE 19 refiere que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.
Con estos datos, los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques.
Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.
Centralización de la (des) información y control digital
El informe también expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33% de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual administración.
Por otra parte, la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección “Quien es quién en las mentiras” y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.
De igual forma, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital; a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.
Entre los ejemplos más claros de estas tendencias se encuentran la propuesta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la aprobación de los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la neutralidad de la red.
La institucionalidad derruida
La narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.
La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70% recibido por la Guardia Nacional en 2022.
El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. ARTICLE 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. De ellas, el 56% afirmó no confiar en ella.
Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración.
Agenda mínima 3.0
Por último y como parte del programa, ARTICLE 19 dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:
- Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación.
- Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
- Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
- Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
- Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
- Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
- Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
- Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
- Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
- Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
- Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Con información de: Artículo 19.
