La exhumación, sustracción, traslado e ingreso del cuerpo del bebé Tadeo, de sólo tres meses de edad, representa un «crimen de Estado» debido a que en él participaron al menos dos custodios del CERESO de San Miguel, es decir, servidores públicos al servidio del gobierno de Puebla.
Así lo determinó el análisis técnico de violaciones de derechos humanos que llevó a cabo el Instituto de Derechos Humanos «Ignacio Ellacuría», de la Universidad Iberoamericana Puebla, en el que también se advierte de las deficiencias en el control de vigilancia y revisión del centro penitenciario, por parte de las autoridades encargadas de ello.
A través de un documento, cuya ficha técnica fue difundida a través de las redes sociales de la universidad jesuita, los expertos en derechos humanos concluyeron que en el caso de Tadeo, los responsables violaron sus garantías a la seguridad jurídica y al trato digno de su cuerpo, además de que con ello también violentaron los derechos de sus familiares al revictizarlos.
El documento concluye que el gobierno de Puebla es responsable «por acción», debido a que varios de sus trabajadores -custodios y personal de vigilancia -participaron directamente en el ingreso del bebé Tadeo al Centro de Reinserción Social. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México (la alcaldía Iztapalapa) es responsable por omisión, al no contar con suficientes controles y vigilancia para impedir la exhumación ilegal de restos humanos.
