«Hay que mostrarles lo temible que es la ley. Tenemos que enseñarles lo que tienen que pagar cuando hacen daño a los demás». Tribunal de menores. Cap. 2
Es poco probable que sin un castigo apropiado de la ley, la sociedad en su conjunto, o las colectividades en lo particular, puedan avanzar hacia un estado de paz en el que los índices de violencia e inseguridad disminuyan.
El reciente linchamiento de un joven en la comunidad de Papatlazolco es una clara muestra de ello.
Los factores que intervienen en un ajusticiamiento colectivo, contra un individuo que presuntamente es delincuente, son muchos y se han estudiado tiempo atrás, quizás no lo suficiente. Debido a la complejidad del fenómeno, en el que existen variables como la cultura, los estratos sociales, los medios de comunicación, los mensajes distorsionados, etcétera, pareciera que estamos condenados a repetir este hecho hasta el cansancio.
No obstante, la impunidad es un punto que definitivamente impacta en estas situaciones, como bien señaló hace unos días el gobernador Miguel Barbosa: no existe credibilidad en nuestras instituciones, por lo tanto los ciudadanos toman la «justicia» por su mano.
A esto habría que agregar la sospecha de que las voces que activaron la alerta, aquellos quienes dieron el grito de alarma y tocaron la campana del pueblo para linchar a alguien que se identificó previamente, estaban relacionadas con grupos delincuenciales.
Paradójicamente, lo que buscaba ser un acto de justicia se convierte en un hecho injusto -sumamente injusto -del que las comunidades y las personas comienzan a estar hartos.
Es el hartazgo el que lleva, presuntamente, a los pobladores a tomar la justicia por su cuenta, y es este mismo hartazgo el que comienza a ejercer presión desde distintos medios, cuando ya los episodios de linchamiento se han vuelto demasiados, escandalosos y cada vez más sangrientos.
Por eso celebro la expeditez con la que la Fiscalía de Puebla ha llevado a cabo las primeras detenciones, así como espero que éstas se conviertan en otras más, con el objetivo de llevar ante la justicia, a todos aquellos quienes participaron en ese acto de barbarie.
Aunque tambien entiendo que aquí de lo que se trata es de aplicar la ley a los más visibles responsables, de tal modo que la finalidad en un principio, sí es brindar justicia a Daniel Picazo y a sus familiares, hoy lastimados y dolidos, pero también generar el poderoso mensaje de que en Puebla, los únicos capacitados para hacer justicia, son los jueces, para que el resto de los pobladores entiendan que estuvo bien participar en ese hecho.
En otras palabras: te lo digo Juan para que me escuches Pedro.
Para evitar que los linchamientos se sigan suscitando, el Estado también necesita combatir la criminalidad, construir instituciones fuertes, generar en la ciudadanía la idea de que no protege delincuentes, para que ésta vuelva a confiar en sus gobiernos y de este modo minimice la espiral de violencia en la que nos encontramos actualmente sumidos.
«Vivimos tiempos de agitación, vivimos tiempos interesantes».
