- El ejercicio de la protesta como derecho requiere de mecanismos e instituciones que permitan supervisar a las autoridades y denunciar cualquier tipo de abuso de poder.
- “Las protestas son una forma de visibilizar las voces que buscan colocarse en el discurso público y cuáles son las afectaciones que atraviesa el país”: Sofía de Robina.
Lo personal es político, y la política se hace en la calle. El espacio público es la máxima tribuna para las colectividades, especialmente en ánimo de rechazo. Marchas, plantones, intervenciones artísticas y cierres de vialidades son algunas de las múltiples expresiones mediante las cuales un actor social colectivo sostiene una demanda o postura, casi siempre con un destinatario claro.
Por tal motivo, la protesta ha sido una herramienta tan utilizada por las sociedades como censurada por los poderosos. Durante una sesión de la Cátedra Ellacuría, Sofía de Robina Castro, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) y del Centro Prodh, expuso una radiografía de este fenómeno social y su impacto en la vida pública.
La protesta destaca por ser una acción de grupo cuya organización suele suceder de manera espontánea. Se integra por elementos materiales (en qué consiste), subjetivos (quién la ejerce y con qué frecuencia), espaciales (dónde ocurre) y teleológicos (para qué se lleva a cabo).
A ello se suma el factor emocional. Las sensibilidades actúan como medios y como fines, además de que pueden incentivar el apoyo o provocar rechazo por parte de la opinión pública que observa. “La emotividad no solo está presente al interior del colectivo, sino también hacia afuera”.
De acuerdo con un estudio del FLEPS, las personas que participan en una protesta no solo lo hacen porque el tema las interpela de manera directa, sino para mostrar empatía frente al dolor ajeno. Por el contrario, el rechazo hacia las movilizaciones sociales tiene que ver con que las personas no entienden las demandas o piensan que los colectivos están manipulados.
Los mensajes que se emiten en las movilizaciones, continúan el estudio, suelen ser confusos para las personas ajenas a las causas. Sin embargo, quienes no participan no necesariamente rechazan las causas. “La tolerancia se tiene que ampliar cuando los actores son personas normalmente excluidas de la participación pública”.
México tiene una historia plural en cuanto a voces protestantes: los estudiantes de los años 60; los obreros y sindicatos en las décadas posteriores, y el levantamiento zapatista son algunos pivotes emblemáticos del siglo XX. Los tiempos recientes se han recargado hacia casos específicos como Ayotzinapa, así como la nueva ola de feminismos y las colectividades en búsqueda de desaparecidos.
Uso de la fuerza
La protesta como demanda colectiva genera obligaciones para el Estado. No solo debe respetar la libre expresión a nivel jurídico y de seguridad pública, sino que le corresponde garantizar el ejercicio de este derecho y promover la no criminalización. “La sola expresión, aunque le pueda generar un impacto a la autoridad, no debe estar penalizada”.
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La protesta social se asocia directamente con la libertad de expresión, el derecho a la participación y la libertad de reunión. A nivel jurídico, esto permite armonizar los derechos de todas las personas.
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Explicó Sofía de Robina: “Muchas veces vemos que los propios funcionarios salen a decir que las protestas son infiltradas o que no deberían manifestarse de tal forma. Esto genera un entorno inhibidor que limita que las personas quieran participar y permite que las autoridades actúen de cierta forma”.
La importancia de implementar regulaciones tiene que ver con la operatividad de los elementos de seguridad. Bajo órdenes del tipo “detengan a todos los que lleven mochila” o “contra todos los encapuchados”, las policías transgreden el derecho a la protesta e incurren en detenciones masivas y otras violaciones a los derechos humanos.
De tal forma que el uso de la fuerza debe regularse bajo principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Las armas de fuego, apuntó la experta, nunca deben ser utilizadas en manifestaciones, mientras que los recursos menos letales como balas de goma y bombas de gas también deben restringirse, pues se utilizan para disolver las congregaciones.
El FLEPS ha desarrollado un protocolo de actuación policial para la protección de las personas que consiste en una serie de recomendaciones para limitar el uso de la fuerza, proteger a grupos vulnerables y promover la rendición de cuentas. El documento, no obstante, no ha sido implementado en la Ciudad de México como esperaban sus autores.
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El caso Atenco es un emblema del uso de la fuerza en donde los cuerpos femeninos fueron utilizados como herramienta de represión colectiva.
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Desglosó la abogada: “La sola presencia de un policía provoca una inhibición de la conducta. Entonces, el espacio público ya no es idóneo, sino que se genera un clima de alerta. Lo ideal es que la policía no esté [en el epicentro] y que se encuentre en lugares aledaños”. Los actos específicos de algunas personas, insistió, no pueden limitar la protesta.
