Tonatiuh Muñoz Aguilar
La comunidad LGBTI ya sabe por quién no votar el primero de julio. O en teoría debería de saberlo. La reunión de Ricardo Anaya con el Frente Nacional por la Familia (FNF), la organización ultraconservadora que desde 2016 se ha opuesto con cada vez más estridencia a los matrimonios igualitarios, representa un claro anuncio de la dirección que tomaría un eventual gobierno de Anaya.
Emanado de un partido de derecha como el PAN, que ha sido visto tradicionalmente como uno de los principales obstáculos para el avance de las libertades en México, era de esperarse que Anaya se mostrara reacio a comulgar con preceptos como el de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Sin embargo el candidato presidencial se había comprometido en al menos un par de entrevistas a no ir en contra de los avances en el tema bajo el argumento de que al ser abogado, respetaba la ley antes que todo y que la jurisprudencia alcanzada en 2015 ante la Suprema Corte era clara en ese sentido.
En ese año, el Alto Tribunal resolvió por quinta ocasión que las legislaciones estatales no podían definir al matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer al ser esto discriminatorio y contrario al artículo primero de la Carta Magna, con lo cual sentó jurisprudencia en todo México.
A partir de entonces, ese mismo criterio debería ser tomado en cuenta por jueces y magistrados cuando recibieran una solicitud de amparo contra las leyes locales que impidieran a dos mujeres o a dos hombres casarse por la vía civil. Todo parecía resuelto a favor de la comunidad lésbico gay en el tema del matrimonio igualitario.
Pero luego llegó la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que buscaba elevar ese precepto a nivel constitucional, con una propuesta de reforma que según algunos, sólo era un intento desesperado por mostrarse a favor de los derechos humanos ante la ola de críticas en su contra, derivada de casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.
La reacción de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas protestantes y algunos sectores de la población vinculados a organizaciones de extrema derecha fue tal que Peña Nieto pareció francamente arrepentido de haberse intentado mostrar como «gay friendly». De esa coyontura surgió el Frente Nacional por la Familia, presidido en sus inicios por el enigmático pastor Juan Dabdoud Giacoman.
La polarización social provocada por la iniciativa presidencial de matrimonio igualitario ocasionó también que los candidatos en el actual proceso electoral evitaran comprometerse de manera «oficial» con uno u otro bando. Surgieron así aberraciones como la alianza entre MORENA y Encuentro Social, la una progresista, el otro conservador a ultranza.
Sin embargo, el gesto de Ricardo Anaya implica mucho más que la coalición de fuerzas añejamente confrontadas en temas como el aborto, la despenalización de las drogas o el matrimonio entre dos varones. De acuerdo con un comunicado del FNF, el abanderado no sólo se dijo un hombre de familia sino que además se deslindó de supuestas «desnaturalizaciones ideológicas».
La reunión de Ricardo Anaya con el Frente parece también un intento desesperado por «pepenar» votos que le representen un repunte al candidato que según la mayoría de las encuestas se encuentra en el segundo sitio de la contienda electoral en México, no importando si para ello se reúne con organizaciones altamente criticadas como esta, de la que candidatas como Martha Tagle o Patricia Mercado se deslindaron.
Su encuentro representa el espaldarazo de un candidato que pese a criticar a uno de sus contrincantes por supuestamente tener un mensaje diferente para cada uno de sus públicos, ha demostrado que él mismo es capaz de cambiar de convicciones una y otra vez según su conveniencia, a un colectivo que claramente se inclina por preceptos que buscan cercenar derechos en vez de asegurar las garantías individuales.
