Tonatiuh Muñoz Aguilar
El pasado 2 de mayo, el gobierno del estado asumió mediante un decreto la titularidad de la seguridad pública en el municipio de San Martín Texmelucan, uno de los territorios más importantes de la entidad y que desde hace dos años se ha consolidado como la demarcación más violenta de Puebla debido a la presencia de grupos criminales.
El movimiento se logró con base en el artículo 135 de la Constitución Mexicana, que permite a los gobiernos estatales asumir la responsabilidad de la seguridad cuando un municipio se encuentre rebasado, tal como ocurrió en San Martín Texmelucan, donde en los días previos al 2 de mayo se reportó una serie de cuerpos desmembrados arrojados en zonas abandonadas, así como la constante comisión del delito del robo de combustible.
A la par que el gobierno estatal asumió la responsabilidad en Texmelucan, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Jesús Morales, detuvo a 185 policías municipales entre los que se ubican el comisario de la Policía Municipal, Miguel Ángel Jacinto Fragoso; el director de Seguridad Pública, Sinohé Jerónimo León Sánchez, además del chofer de este último identificado como Mauricio N.
Luego de poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público y de que este levantó cargos contra 116 servidores, dichos acusados fueron trasladados la mañana de este viernes al penal estatal de Tepexi de Rodríguez, donde están a la espera de que un juez de control califique de legal estos movimientos.
Cómo se construyó la tragedia
Antes de que el gobernador Tony Gali determinara asumir el mando del municipio de San Martín Texmelucan, este territorio tiene tras de sí un largo historial de violencia y criminalidad que no necesariamente data de la llegada de grupos conocidos como «huachicoleros», pero que sí se aceleró precisamente a partir del establecimiento de esos delincuentes.
Desde antes del año 2000, la existencia del tianguis de San Martín Texmelucan, uno de los más importantes del país y considerado el más grande de Latinoamérica, había provocado el crecimiento de delitos comunes como el robo o el secuestro. Del mismo modo, la confrontación añeja entre organizaciones populares de la talla de Antorcha Campesina había enrarecido el ambiente en ese territorio.
Sin embargo, la presencia de ductos de PEMEX y el hecho de que muchos de los habitantes tuvieran el conocimiento para ordeñarlos, facilitó la extracción del combustible que posteriormente se vendía de forma ilegal a particulares. A este fenómeno se conoció con el nombre de «huachicol» y se extendió por un gran tramo del territorio estatal que fue nombrado como el «Triángulo Rojo».
Tal robo a las arcas de la principal paraestatal de México prendió las alarmas en el gobierno mexicano, lo que a su vez motivó la intervención de la Marina y el Ejército Mexicano en diversos municipios de Puebla, principalmente los cercanos al estado de Veracruz. Con este movimiento, los huachicoleros se trasladaron a San Martín Texmelucan, donde la criminalidad y la violencia se exacerbaron en los últimos meses.
Fue así como delitos como el robo de camiones de carga se duplicaron prácticamente durante el último año y a ello siguió el horror de las violaciones de mujeres, las balaceras a las puertas de las escuelas primarias y secundarias, los cuerpos desmembrados encontrados en terrenos baldíos, las fugas constantes de combustible, los muertos y heridos.
Escenas como la violación de dos mujeres y el homicidio de un menor, ocurrido el 3 de mayo de 2017 en una de las laterales de la Autopista México-Puebla correspondiente al territorio de San Martín Texmelucan, se vivieron constantemente en dicha demarcación y asociaciones civiles como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Texmelucan alzaron la voz sobre el problema de violencia del que sufrían los texmeluquenses.
El Ejército y la Policía Federal intervinieron en el municipio y los enfrentamientos entre los militares y presuntos huachicoleros se volvieron constantes, sobre todo en colonias como La Purísima, donde al menos cada semana se registraron confrontaciones entre uniformados y presuntos delincuentes, quienes apoyados en ciertos sectores de la población agredieron a los oficiales con palos, piedras y hasta con armas de alto poder.
¿Corrupción en el gobierno municipal?
Si la violencia y la delincuencia ya eran elevadas en Texmelucan desde hace cinco años, con la llegada del actual alcalde, Rafael Núñez Ramírez, éstas se incrementaron notablemente. Rafael Núñez alcanzó el gobierno gracias a una candidatura común entre el Partido del Trabajo y los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, entre otros.
A pesar de sus promesas de campaña, centradas principalmente en el combate de la delincuencia y el ordenamiento de su municipio, Núñez Ramírez generó molestias entre los ciudadanos casi desde el principio de su gobierno. Escándalos relacionados con la corrupción estallaron repetidamente en los medios de comunicación locales y la administración de Texmelucan entabló una querella abierta y constante con éstos.
Casos como el de una camioneta de lujo rentada por el alcalde para su desplazamiento y la adjudicación directa del calzado de los policías municipales a las zapaterías de su propiedad son una muestra de la situación que se vivió en Texmelucan antes de que ese municipio se volviera tristemente célebre por causa de los huachicoleros.
Pese a todo ello, el presidente municipal recibió el apoyo del gobierno en turno y fue hasta el pasado 2 de mayo cuando estallaron las irregularidades solapadas por Rafael Núñez, entre ellas, la contratación de al menos 113 elementos municipales que nunca aprobaron las pruebas de control de confianza, lo que significaba que éstos no estaban capacitados para velar por la seguridad pública o en el peor de los casos, habían sido infiltrados por los delincuentes.
