Por Rocío García Olmedo
La violencia electoral ha ido escalando, en su momento en contra de aspirantes, ahora, contra candidatos sean hombres o mujeres. Sus resultados sin duda afectan a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Muchos esfuerzos habrá que hacer para restablecer el orden democrático, que si bien en mucho es producto de ese ambiente polarizado y de división que fue construido en este sexenio, también lo es por los altísimos índices de inseguridad y el nivel que ha alcanzado la delincuencia organizada.
En todo ello, quienes sufren las mayores afectaciones son las mujeres, datos presentados recientemente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) refiere que en el ámbito municipal el 75% sufren violencias sistemáticas, que el 88% de las quejas son para denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también que el 35% de las personas prefieren no acudir a presentarlas, por miedo, por falta de confianza, por no saber a quién recurrir.
De ahí que a diez años del Principio de Paridad y de la creación del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, y enmedio del proceso electoral más grande en la historia del país en el que se elegirán más de 20 mil cargos y en el que cuando menos la mitad 10 mil, están siendo encabezados por mujeres, muy importante que con el respaldo de organizaciones civiles que la han venido impulsando desde hace algunos años, el TEPJF ha instalado la Defensoría Electoral Especializada en la atención de Asuntos de Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, instrumento que junto con el Programa piloto para la atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), garantizan una mejor atención a estas graves problemáticas.
Este mecanismo brindará asesoría legal y acompañamiento gratuito en el acceso a la justicia a todas las mujeres que sufran violencia política, se atenderá a solicitud de parte por el correo electrónico defensoriaelectoral-mujeres@te.gob.mx y el juicio puede llevarse en línea.
Este ejercicio, que deberá ser reproducido desde lo local y en su momento abordado por todos los partidos políticos, que esperamos al término del proceso electoral en marcha, modifiquen sus estatutos para incluir los mecanismos e instrumentos que se han implementado para atender y cumplir, tanto la obligatoriedad de aplicar realmente el principio de paridad, como el de reducir la violencia política que desde su interior se ejerce contra las mujeres, desmasculinizándose, democratizando su actuar y respetando los derechos políticos de su militancia de mujeres, porque todo suma a la violencia electoral que ha ido escalando y que afecta a la democracia y a la gobernanza del país y de las entidades federativas donde se presenta.
Este ambiente enrarecido que a nadie conviene, requiere de acciones puntuales, no de desestimar hechos; de cambios reales, no de simulaciones; obligado garantizar las condiciones para que se ejerzan los cargos en paz y libres de violencias.
Tenemos la oportunidad de decisión. El próximo 2 de junio todas, todos, a votar.
