Por Rocío García Olmedo
Nuevamente en la mesa de debate un asunto que desde cualquier enfoque es absoluta y totalmente condenable. Una niña víctima de violencia sexual de 11 años, embarazada.
Este embarazo no es considerado como un embarazo adolescente, es un embarazo infantil producto en todos los casos de una violación sexual que representa un riesgo para la salud física, mental y social de las niñas.
Ninguna niña debería ser víctima de este delito, mucho menos verse obligada a enfrentar un embarazo producto de una agresión sexual, lamentablemente algunos datos dan cuenta de esta gravísima problemática 8 mil 818 nacimientos durante 2024 han sido de niñas entre 10 y 14 años, esto habla de conductas reiteradas que el Estado debe atender.
Urgente así establecer políticas públicas que deben comenzar mucho antes de que se presenten estas agresiones sexuales para desarrollar institucionalmente acciones de prevención para la detección oportuna y el establecimiento de mecanismos eficaces de protección; porque de lo que se trata es de evitarlas antes de que deriven en embarazos forzados.
No olvidar que este tipo de agresiones sexuales, pueden permanecer ocultas durante meses; sin embargo, antes, siempre hay señales, silencios y ambientes que muchas veces son ignorados por familias, instituciones educativas y otros y es hasta que se presenta el embarazo cuando se visibilizan, requiriendo para ese momento un servicio de salud de urgencia médica y de atención inmediata.
Por fortuna México cuenta con el marco normativo para acceder a una interrupción de embarazos que es un derecho de las víctimas en casos de violaciones sexuales como lo señala la Ley General de Víctimas y la NOM-046 estableciendo los criterios de atención que deben garantizarse más aún cuando se trata de niñas, lo que implica que las instituciones otorguen servicios de manera oportuna, segura y sin obstáculos para su atención. Esto ya ocurrió en el caso de la niña de 11 años.
Pero el hecho de que una niña pueda acceder a la interrupción del embarazo no significa que la violencia sexual haya sido atendida, la atención de las instituciones no puede terminar cuando concluye el procedimiento médico que es tan sólo el primero de los pasos, ¿qué ocurre después? ¿qué pasa con las víctimas? Ahí nuevamente obligaciones específicas y coordinadas deben tener las Instituciones y justo es este un desafío; deben notificar al Ministerio Público; Recopilar información y evidencia que contribuya a la investigación; pero también hay que considerar que tampoco se trata solamente de abrir carpetas de investigación, ya que implica mucho más que el castigo al responsable de este delito, debe otorgársele a las víctimas la garantía de investigar con la debida diligencia, para determinar las responsabilidades y sancionar al agresor o agresores y hacer justicia, pero justicia significa también proteger a la niña. De ahí que hay que asegurarle que tenga una representación jurídica.
Como en la mayoría de estos casos los agresores son familiares o personas cercanas al entorno de las niñas, debe garantizarse su seguridad, separándolas del entorno en donde se encuentre el probable agresor para detener cualquier situación de violencia: hay que garantizarle que esté segura, otorgándosele medidas de protección.
Debe asegurársele el restablecimiento de su salud física, mental y social que le permitan reconstruir su proyecto de vida libre de violencia, evitando en todo momento su revictimización. Y algo más, las niñas víctimas de violencia sexual no deberían convertirse en material de exposición pública esto pasa por resguardar su identidad y privacidad bajo altos estándares de confidencialidad. Proteger su identidad forma también parte de las obligaciones institucionales para evitar nuevas afectaciones y procesos de revictimización.
Ojalá pronto las instituciones asuman la responsabilidad de otorgar respuestas coordinadas e integrales que coloquen en el centro a las niñas y sus derechos para la prevención y atención de este brutal delito.
Ojalá nunca más una niña atraviese por una agresión sexual.
Referencia: Escudero Martínez Marisol, IPAS Latinoamérica y el Caribe (CIMAC, 2026)
