Por José Antonio de la Vega Moreno.
La Fiscalía General del Estado, debe ser una de las instituciones que debe trabajar en busca de transparencia en su trabajo y la confianza de la sociedad poblana.
Recordemos que pesan sobre sus espaldas, fiscales y coordinadores provenientes del Estado de México renunciados por sendas irregularidades, entre ellas: Corrupción, extorsión y manipulación de carpetas de investigación.
Lo mismo sucede con la actitud de jueces de distrito.
Se presume que en el distrito judicial de Cholula, la ley está muy torcida, con alteración de juicios.
Ya cayó el primero, Enrique Romero Razo, por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración y procuración de justicia, evasión de reos y cohecho.
Otro de los jueces señalados que se presume altera carpetas e inclina procesos, es el juez de Control, David Rodríguez González.
Su actuación ha sido cuestionada.
Hay dos casos que pesan sobre este juez.
El primero de ellos es el de Javier Milián
Demandan que este expediente se debe investigar a fondo.
Se dice que en noviembre de 2025, Rodríguez González conoció el caso del empresario Javier Milián Mora. El juez determinó que la detención había sido ilegal, no lo vinculó a proceso y ordenó el sobreseimiento. También ordenó a la Fiscalía devolver diversos bienes que habían sido asegurados.
La defensa de Milián en la audiencia del 12 de noviembre del 25 la defensa solicitó que se diera vista a la FGE y a la FGR por las presuntas irregularidades cometidas durante la detención y por las actuaciones de agentes y ministerios públicos.
Con esto se presume que la actuacion del juez, David Rodriguez González, fue contraria a la resolución de la propia fiscalía.
Otro de los casos que pesan en su contra es el de María Fernanda León.
También existe un señalamiento público de María Fernanda, ñ quien acusó irregularidades en su proceso por violencia familiar y cuestionó la actuación de Rodríguez González después de que éste librara una orden de aprehensión en su contra.
Recordando que su caso fue difundido mediante redes sociales y retomado por varios medios. La denunciante sostuvo que su propia denuncia por violencia no avanzaba mientras que la presentada por su expareja sí había sido judicializada rápidamente.
Por todo esto, la Fiscalía General del Estado, debe poner énfasis en este juez, que se presume tuerce la ley a su conveniencia.
Mano negra ministerial.
Apunte usted esté nombre, Angélica Gómez Tello, agente del Ministerio Público, es señalada por sus decisiones que han bloqueado la entrega de un inmueble en el municipio de Amozoc, propiedad de la empresa
La empresa Inmobiliaria denunció que, pese a ser la víctima acreditada de un despojo y haber demostrado con documentación oficial e histórica la legítima propiedad de su terreno, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) mantiene retenido el inmueble ubicado en Carril de San Lorenzo número 11, colonia El Naranjo, en Amozoc, sin emitir una resolución legal que justifique negarle la devolución.
Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2026, cuando un grupo de personas ingresó sin autorización al inmueble, destruyó parte del cercado perimetral y ocupó ilegalmente el predio.
De acuerdo con la información recabada, dichas personas habrían actuado por instrucciones de Erik Álvarez Corte, representante legal de Comercializadora y Constructora Alavacon, S.A. de C.V. A
Esta situación se suman los señalamientos de vecinos de la zona, quienes desde entonces advirtieron sobre la presunta utilización del inmueble como punto de comercialización y tráfico de mercancía de procedencia ilícita, hechos que, por su gravedad, requieren ser investigados por las autoridades competentes.
la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/FIR-II/002716/2026. Cuatro meses después, el 23 de julio de 2026, elementos ministeriales ejecutaron la orden de cateo 201/2026/CAI/PUEBLA, diligencia en la que localizaron armas
