Se aprobó en Comisiones Unidas de Salud y Procuración Administración de Justicia reformas al Código Penal para aplicar sanciones a quien preste servicios en centros de salud mental o adicciones y que no cuenten con licencias de funcionamiento o registro de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Es así como se castigará hasta con cuatro años de prisión a las y los encargados que no tengan los permisos correspondientes.
Fue en sesión de las comisiones unidades de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, como se aprobó dicha iniciativa enviada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Se impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien preste servicios de atención a la salud mental y adicciones en un establecimiento, sin cumplir con lo establecido en la normatividad establecida.
