El Ayuntamiento de Puebla ya tiene lista la controversia constitucional que interpondrían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la decisión del Congreso del Estado de negarles el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), así lo informó la síndico, Guadalupe Arrubarrena García.
Sin embargo, antes de recurrir a esta figura, en la comuna están analizando aspectos como el costo político que representaría para el gobierno de la capital, luego de las protestas desatadas en municipios del interior del estado, indicó en entrevista.
A este hecho hay que sumar el golpe mediático que representó la noticia que ayer dio la Comisión de Derechos humanos de Puebla, que impugnó también ante la Suprema Corte, pero en este caso justamente por las razones contrarias, es decir, porque considera que el cobro del DAP vulnera los derechos humanos de la ciudadanía.
De proceder el Ayuntamiento de Puebla, ahora habría dos acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal en contra del Congreso, una por haber aprobado el cobro de esta tarifa para 144 municipios del interior y otra por no haberla aprobado para la capital del estado.
