Por Luis Alberto González
Hasta ayer los medios de comunicación han contabilizado en lo que va del presente año 32 feminicidios, aunque la Fiscalía General del Estado no coincide con los números que manejan en los diarios.
Lo grave de la situación de los feminicidios en Puebla son las cifras acumuladas desde 2012 ya que Lourdes Pérez Oseguera, investigadora de casos de violencia social y de generó ha denunciado que desde 2012 a finales de 2017 el número de feminicidios aumentó un 60 por ciento.
La activista reportó que en 2012 contabilizó el observatorio 64 casos; en 2013 la cifra fue de 68 casos; para 2014 aumentó a 72; en 2015 fueron detectados 81; en 2016 fueron 85 y para 2017 fueron 106.
Es decir: en 2012 fueron 64 y para 2017, 106 casos.
Las cifras ahí están, pero el problema real que enfrenta el gobierno del estado de Puebla y concretamente la Fiscalía General del Estado es que muchos de los casos más escandalosos como el de José María Sosa quien fue señalado por la Fiscalía General del Estado inicialmente como el presunto homicida de Paulina Camargo durante la audiencia del 26 de agosto de 2015 y sin embargo el caso se le ha caído porque tras los amparos ganados hoy la Fiscalía lo acusa sólo por la desaparición de la mujer.
El otro caso es el de José de Jesús “N” chofer de Uber presunto homicida de la estudiante de la BUAP Mariana Fuentes asesinada el 30 de septiembre. A José de Jesús “N” lo detuvieron y se realizó la audiencia el 18 de octubre y se le vinculó a proceso por homicidio calificado, pero ante las inconsistencias en el procedimiento por parte de la Fiscalía, hoy un juez ha determinado la reposición de la primera audiencia.
Pero el problema que enfrenta la Fiscalía General del Estado, no nada son las fallas en el debido proceso, las inconsistencias, sino la pérdida de credibilidad ante la sociedad que reclama el esclarecimiento de otros feminicidios que no han tenido la resonancia en los medios de comunicación y no han podido, o no han querido, darle seguimiento y detener al o los presuntos culpables.
Tal es el caso del crimen cometido contra Minerva Calderón Hernández, ocurrido El 21 de marzo del 2017 dentro de su casa en San José Vista Hermosa, quien fue asesinada de 70 puñaladas.
El feminicida José Rodrigo Vázquez Barrientos fue plenamente identificado por videocámaras de los vecinos, así como por la presidenta de la colonia y su secretaria, que lo vieron de frente salir de la casa de Minerva ensangrentado y con el cuchillo en las manos.
Tras el asesinato Vázquez Barrientos fue a su casa de Geovillas y ahí deja la ropa, el arma y otras evidencias, se dirige a casa de sus padres en Estrellas del Sur y le pide ayuda a su papá que es médico en un hospital de la zona de Angelópolis, es así que Juan José Vázquez de la Garza le facilita la atención médica.
Se le interna el mismo día y después de la atención médica el 22 de marzo José Rodrigo Vázquez Barrientos se da a la fuga y hasta la fecha este crimen permanece impune.
La familia de Minerva Calderón Hernández, una y otra vez han solicitado al Fiscal, Víctor Carrancá Bourget, que se haga justicia y se detenga al asesino ce su hija, la abogada de 28 años de edad.
La aplicación de la justicia ha quedado en entredicho en Puebla y es hora que el gobernador José Antonio “Tony” Gali Fayad escuche los reclamos de una sociedad cansada de tanta violencia, pero sobre todo de tanta insensibilidad con las víctimas de los delitos y sus familiares.
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