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Fuente: Excélsior
El proceso electoral que inició el 8 de septiembre de 2017 y concluye la noche de este 1 de julio es el más violento desde la transición de 1997. En 9 meses se perpetraron 136 asesinatos de políticos, 48 de ellos precandidatos y candidatos, de acuerdo con el indicador de violencia política de la consultoría Etellekt.
De acuerdo con Rubén Salazar, director de Etellekt, 80% de los asesinatos de candidatos son de quienes buscan cargos municipales.
La consultoría apunta que dicha cifra coloca esta jornada electoral en una de las más violentas de la historia, y si se compara con las elecciones de 2015, cuando hubo 21 asesinatos contra políticos, la jornada actual supera más de seis veces el número de estos homicidios.
Hasta la semana pasada, al menos 243 candidatos habían pedido seguridad en sus campañas políticas por temor a su integridad física, de acuerdo con autoridades locales y federales. La consultoría registró 581 agresiones contra políticos del 8 de septiembre de 2017 al 29 de junio.
En las actuales campañas rumbo a las elecciones del 1 de julio, el crimen organizado y los conflictos políticos y sociales prendieron los focos rojos en 35 municipios de nueve estados, según partidos y autoridades.
La Secretaría de Gobernación, por separado, admitió que cinco estados del país son considerados focos rojos en los comicios, debido a la presencia de grupos del crimen organizado, como del huachicol o los cárteles del narcotráfico.
En Guerrero hay problemas por la violencia en algunas zonas; en Jalisco, por ser el centro de operaciones del CJNG; en Guanajuato, por los huiachicoleros, así como en algunas zonas de Tamaulipas y Veracruz.
A ese clima hay que agregarle que el crimen organizado ha incidido, en parte, para que cinco mil 703 aspirantes a un puesto de elección popular fueran sustituidos, según datos del INE y autoridades comiciales de los estados.
En cuanto a candidatos locales, las entidades donde más cambios ocurrieron son Oaxaca, con mil 660 (a los que se añaden ayer seis aspirantes a alcaldías en San Dionisio del Mar), y Estado de México, con mil 225. Le siguen Michoacán, con 736; Jalisco, 674; Guerrero, 477; Querétaro, 176; Chihuahua, 84; Hidalgo, 70; Yucatán, 70; Tamaulipas, 51; Veracruz, 19; Baja California Sur, 12 y Tlaxcala, cinco. A la lista se suman 444 candidatos federales que se bajaron de la contienda.
La resistencia a instalar casillas
Pese a que se instalará la mayoría de las 156 mil casillas previstas para la jornada comicial, el INE trabaja en lograr instalar 80 que están pendientes de confirmar, pues por conflictos sociales ajenos a las votaciones, diversas comunidades han amenazado con impedirlo.
A inicios de mes, Marco Baños, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del INE, comentó que las entidades en las que se trabajó para neutralizar conflictos sociales son Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, principalmente.
En Michoacán, el INE confirmó que no se instalarán 45 casillas, principalmente en municipios de la Meseta Purépecha, que representan 25 mil votos. La población de Paracho, Charapán, Chilchota, Nahuatzen, Quiroga y Tingambato está polarizada, y la medida se tomó para evitar más conflictos, informó Alejandro Delgado, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE.
Cansancio y PREP
Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, aseveró que los retrasos en la difusión de resultados del PREP o el cansancio de funcionarios de casilla, son riesgos para el día de la elección.
Advirtió que, dada la magnitud de las elecciones más grandes en la historia del país, los funcionarios de casilla podrían enfrentar problemas al contar los votos, trasladarlos a los centros de recolección o físicamente no ser capaces de hacer su labor.
La simultaneidad de cómputos federales pondrá presión a los funcionarios de casilla, pues tendrán más trabajo el día de la jornada electoral, comparado con anteriores comicios.
La jornada de un funcionario de casilla inicia temprano y podría extenderse, en muchos casos, hasta la madrugada del día siguiente, lo cual puede provocar deserción antes de concluir el cómputo, abandono de paquetes electorales, contratiempos en su traslado o que no se firmen las actas de votación.
Otro riesgo es la falta de representantes de los partidos en las casillas. Puede haber hasta 28 representantes en las casillas, lo cual representa un reto para la elección en sí.
Del PREP, Lorenzo Córdova, titular del INE, dijo que, debido a que se contarán más votos que en otras elecciones, la información de la que se nutrirá el PREP va a llegar más tarde, pues hay más actas que llenar y más elecciones que computar”. Pese a ello, los consejeros garantizan que a las 11 de la noche habrá tendencias confiables con el conteo rápido.
A semana y media de los comicios, el INE tuvo que tomar medidas extraordinarias, pues no tenía capacitadores suficientes para adiestrar a los ciudadanos que integrarán las casillas.
El consejero Marco Baños dijo que algunas entidades le preocupan, como Nuevo León, donde faltaba 31.3% de capacitadores locales. Había 494 vacantes, entre SE y CAE (27.8%); en la Ciudad de México, 278 (7.6%); en Quintana Roo 107 (17.8%) y en el Edomex 106 (2.12%).
En mayo, el INE dijo que sus capacitadores se enfrentaban a problemas de alta migración y alta inseguridad pública en algunos municipios. La violencia también pegó a los funcionarios del INE, pues en Guerrero, Oaxaca y SLP han matado a funcionarios electorales.
Robo de boletas
Esta semana hubo en diferentes entidades robo de boletas. Hasta ayer sumaban 41 mil 329 las boletas hurtadas en Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco. Algunas fueron recuperadas y otras quemadas.
Sobre el tema, el consejero Benito Nacif manifestó que éstas se repondrán, para que nadie resulte afectado, y que esa papelería electoral es identificable, pues toda está foliada, por lo que no puede haber fraude.
En otro tema, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz son los estados en los que existe mayor riesgo de que los ciudadanos vendan su voto en las elecciones del 1 de julio, debido a las condiciones de pobreza y marginación en que viven.
De acuerdo con un análisis hecho por Excélsior, dichas entidades no sólo tienen los mayores porcentajes de población en pobreza a escala nacional, sino, además, su alto porcentaje de población vulnerable por carencias e ingresos, peor índice de marginación y más alto número de personas que dependen de programas sociales, las colocan arriba en el ranking de riesgo.
En su oportunidad, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza aseveró que 33.5% de los mexicanos recibió ofertas para vender su voto durante las campañas, y la mitad de ellos aceptó dádivas, aunque dijeron que eso no incidirá en la decisión del voto.
Si bien se estima que 15 millones de mexicanos rechazaron vender su voto en estas elecciones 2018, un aspecto preocupante es que 2.5% de los encuestados declaró que los promotores del voto se quedaron con su credencial de elector.
Menos dinero para observadores
Los recursos destinados para el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) en el país disminuyeron 62% en los últimos seis años, al pasar de 73 millones 600 mil pesos en 2012 a 28 millones 233 mil 416 pesos para los comicios de este año.
El FAOE, creado en 1994, brinda apoyo técnico y financiero a organizaciones de la sociedad civil (OSC) que buscan participar en la vigilancia de las elecciones como una forma de dar credibilidad a los procesos y abonar a la transparencia institucional.
El monto para este año es incluso menor que el que se juntó en 2015 —en elecciones intermedias— el cual ascendió a dos millones 259 mil 522 dólares —alrededor de 35 millones de pesos al tipo de cambio de esa fecha— de acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que desde 1994 participa en la administración de los recursos destinados a la observación electoral en nuestro país.
Para el proceso electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral aportó 15 millones 233 mil 416 pesos; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participó con ocho millones de pesos, mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se comprometió a destinar cinco millones de pesos al fondo.
